El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó un expediente sobre presuntas irregularidades en contratos de la Dirección Nacional de Bomberos que superarían los $62.000 millones.
Según lo expuesto por el funcionario, varias contrataciones habrían utilizado como argumento falsas o cuestionables situaciones de emergencia climática para evitar procesos de licitación, mientras parte de los recursos terminó destinada a elementos que no corresponderían a la atención de esas contingencias.
Las denuncias surgieron a partir de una auditoría forense ordenada por el Ministerio del Interior al contrato 076, inicialmente acordado por $16.000 millones con la empresa McKay Soluciones, en Barranquilla. De acuerdo con la información presentada por Lara, el valor del negocio terminó aumentando hasta alcanzar los $24.000 millones.
Y es que la contratación había sido sustentada en una declaratoria de urgencia manifiesta relacionada con un frente frío que afectó a ocho departamentos, entre ellos Córdoba, Antioquia, Chocó y La Guajira. La emergencia, según los datos expuestos, habría afectado aproximadamente a 250.000 personas.
Sin embargo, la revisión de los contratos encontró una diferencia significativa entre la destinación anunciada y los recursos ejecutados.
De los $42.000 millones contratados bajo el argumento de la calamidad, solamente 313 millones habrían sido utilizados directamente para atender la contingencia. El resto, de acuerdo con la denuncia presentada, se habría destinado a equipos especializados para combatir incendios.
Diferencias entre lo contratado y lo recibido
Uno de los aspectos señalados por el ministro está relacionado con los tiempos en los que se realizaron las contrataciones. Aunque la urgencia manifiesta permitió prescindir de una licitación pública, el convenio habría sido firmado aproximadamente seis semanas después de ocurrida la emergencia invernal que sirvió como justificación.
Además, la revisión también habría encontrado inconsistencias en los inventarios. En una primera factura se cobraron 744 equipos, pero al almacén únicamente habrían ingresado 670.
La diferencia fue cuestionada públicamente por Lara durante su intervención. El funcionario puso sobre la mesa la pregunta sobre el destino de los recursos correspondientes a los elementos que aparecían registrados en las facturas, pero que no figuraban entre los equipos recibidos.
Otro elemento que llamó la atención del Ministerio del Interior fue la fecha en la que se realizaron algunos de los movimientos económicos. Según lo expuesto por Lara, los giros y las facturas de mayor valor, superiores a $15.000 millones, se efectuaron durante la vigencia de la ley de garantías electorales.
Algunas de estas operaciones coincidieron con momentos cercanos a hitos electorales, entre ellos el día después de la segunda vuelta presidencial.
Para el ministro, estos elementos requieren una revisión de las condiciones en las que fueron celebrados y ejecutados los contratos, especialmente porque la figura de urgencia manifiesta tiene como propósito responder a situaciones excepcionales que demanden una atención inmediata.
Ante las presuntas irregularidades, el Ministerio del Interior presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Consejo Nacional Electoral.
Las investigaciones, según lo señalado por Lara, podrían abarcar contrataciones que alcanzarían los $62.000 millones y que tendrían características similares a las encontradas en la revisión inicial.