El gobierno de Gustavo Petro y la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de “Calarcá Córdoba”, anunciaron una serie de acuerdos en medio de los diálogos de paz. Lo pactado incluye el desescalamiento del conflicto para generar paz y mitigar los efectos en la ciudadanía, firmantes de paz, funcionarios gubernamentales, la Fuerza Pública y los integrantes de esa disidencia de las antiguas Farc.
En este punto, enfatizan que “el acuerdo compromete al EMBF FARC EP a iniciar la implementación de una política de no incorporación de menores de 18 años a sus filas”.
A esto se suma el compromiso del Gobierno Nacional a “incrementar los programas integrales de protección a los niños, niñas y adolescentes de Colombia, especialmente en las zonas de conflicto”.
La reunión se dio en la inspección de Campo Hermoso, municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, se dio en el marco del séptimo ciclo de conversaciones. También se acordó la transformación territorial que promueve el acceso a la tierra y la constitución de la zona de reserva campesina (ZRC), respetando el derecho de las comunidades al territorio.
De la misma manera, anunciaron un acuerdo sobre la protección al medio ambiente, la sustitución de cultivos de coca y la no realización de la tala de árboles.
Otro de los puntos acordados tiene que ver con que esa disidencia se compromete a un ejercicio libre de los candidatos y los ciudadanos de cara a las elecciones del 2026.
El documento que fue difundido a la prensa nacional hace referencia a la reactivación de la Comisión Jurídica Mixta, que tiene como misión “realizar un censo de las personas privadas de libertad por razones del conflicto”, con la finalidad de examinar su estado de salud y jurídico e “impulsar proyectos educativos y productivos amparados por las normas carcelarias y penitenciarias”.
Finalmente, acordaron realizar hechos y acciones “para fortalecer la credibilidad del proceso de paz”, sumado a un cronograma de visita para constatar los avances del acuerdo de transformación territorial.
Los negociadores del Gobierno explicaron que este séptimo ciclo contó con la presencia de delegados del reino de Noruega, Irlanda, Confederación Suiza y Venezuela como países garantes. Además de delegados de las Naciones Unidas, la OEA y la Conferencia Episcopal.
Este grupo armado ha sido señalado de cometer varios crímenes durante el 2025, entre ellos el asesinato de doce policías en Amalfi, Antioquia, cuando el helicóptero en el que iban fue derribado por un ataque con drones.
De hecho, a pesar de estos puntos pactados, desde abril se encuentra suspendido el cese al fuego bilateral por la persistencia de acciones delictivas.
*Con información de Colprensa y redacción de El País