El Gobierno nacional reportó la inhabilitación de 30 bocaminas utilizadas para la extracción ilegal de oro en los municipios de Amalfi, Anorí y Guadalupe, en Antioquia, como resultado de un operativo contra la minería ilegal que se desarrollaba en la cuenca del río Porce.

La intervención, denominada operación Porce III, fue coordinada por el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales (Conaldef), con participación de varias entidades del Estado. Según la información oficial, las actividades de extracción intervenidas ocasionaban afectaciones ambientales en la zona y generaban riesgos para la infraestructura de la Central Hidroeléctrica Porce III.

Entre los elementos destruidos durante el procedimiento se encuentran 59 equipos, explosivos y medios de comunicación, cuyo valor fue estimado por las autoridades en $260 millones. | Foto: Suministrada

Además de la inhabilitación de las 30 bocaminas, durante el procedimiento fueron destruidos 59 equipos y otros elementos empleados en las actividades mineras ilegales. Entre los materiales intervenidos se encontraban motores, motobombas, taladros, explosivos y medios de comunicación.

De acuerdo con las autoridades, el valor aproximado de estos elementos asciende a $260 millones. La operación también incluyó el sellamiento de túneles con materiales de alta resistencia, con el propósito de impedir que las estructuras utilizadas para la extracción de oro vuelvan a entrar en funcionamiento.

En el procedimiento participaron la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia.

La intervención se concentró en un territorio de importancia ambiental y energética por su relación con la cuenca del río Porce y la operación de la central hidroeléctrica. Las afectaciones asociadas a la minería ilegal en este sector no solo comprometen los ecosistemas, sino que también pueden representar amenazas para la infraestructura vinculada a la generación de energía.

El operativo contó con la participación de la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia. | Foto: Suministrada

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, se refirió a los resultados del procedimiento y señaló que el Gobierno continuará adelantando acciones contra las economías ilegales que afectan los recursos naturales.

La operación se desarrolló bajo las directrices del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y hace parte de las acciones institucionales coordinadas por el Conaldef para enfrentar actividades relacionadas con la deforestación y otros delitos ambientales.

Con este resultado, las autoridades buscan evitar la continuidad de las explotaciones ilegales en Amalfi, Anorí y Guadalupe, particularmente en sectores donde la intervención minera puede comprometer fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos.

El operativo también pone de relieve la participación de distintas instituciones en el control de la minería ilegal, una actividad que representa un desafío para la protección ambiental en Antioquia, especialmente en zonas donde confluyen recursos naturales e infraestructura energética.

Las autoridades no reportaron en la información suministrada capturas ni otros resultados judiciales derivados de este procedimiento.