El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la entrega de nuevos equipos destinados a reforzar las medidas de control en el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, Santander.
Según informó el Mandatario a través de una publicación en su cuenta de X, los elementos fueron entregados por medio del Ministerio de Justicia y la USPEC, con el propósito de fortalecer las labores de vigilancia, requisa y control dentro del establecimiento penitenciario.
Entre los equipos mencionados por el Presidente se encuentran cámaras corporales y de inspección, detectores de metales, drones y chalecos balísticos, además de otros elementos especializados.
En su mensaje, el Jefe de Estado sostuvo que las cárceles no pueden convertirse en centros de operación de estructuras criminales y afirmó que la autoridad del Estado también debe ejercerse al interior de los establecimientos penitenciarios.
“Vamos a cerrarles todos los espacios a quienes pretendan seguir delinquiendo desde una celda”, señaló De la Espriella, quien agregó que en las cárceles del país “manda el Estado y se cumple la ley”.
Este anuncio se conoce en medio de los problemas de seguridad y las denuncias de irregularidades que durante los últimos años han afectado al sistema penitenciario colombiano.
Uno de los casos más recientes ocurrió en enero de 2026, cuando un operativo realizado en 124 centros penitenciarios permitió la incautación de 1.320 celulares, más de 1.700 tarjetas SIM, 3 millones de pesos en efectivo, 470 litros de licor, 27 kilogramos de estupefacientes y 480 armas cortopunzantes.
El entonces ministro de Justicia, Andrés Idárraga, calificó los resultados como un “triste buen resultado” y pidió investigar cómo estos elementos lograban ingresar a las cárceles.
Las extorsiones realizadas desde los centros penitenciarios también han sido objeto de investigaciones. El pasado mes de julio, la Fiscalía judicializó a 17 personas, entre ellas cinco dragoneantes del Inpec, por su presunta participación en una red que habría facilitado el ingreso de celulares a la cárcel El Barne, en Cómbita, Boyacá. Según la investigación citada por Caracol Radio, los teléfonos eran utilizados para realizar llamadas extorsivas a víctimas en distintas regiones del país.
A estos hechos se suman investigaciones anteriores por presunta corrupción dentro del sistema. En 2023, medios nacionales reportaron denuncias sobre cobros ilegales en la cárcel La Picota para facilitar el ingreso de celulares, drogas y licor, así como para obtener beneficios y salidas irregulares. La Procuraduría abrió entonces una indagación sobre los hechos denunciados.
De ahí que el presidente De la Espriella aseguró que la estrategia apunta a impedir que personas privadas de la libertad continúen utilizando las cárceles para desarrollar actividades delictivas.