Las alertas en el sector salud se encendieron tras una serie de reclamos formales presentados por ciudadanos afectados por la catástrofe del pasado 10 de agosto. Diversas personas denunciaron cobros irregulares de comisiones e intermediaciones no autorizadas por parte de empresas para acceder a los desembolsos económicos estatales.
El pago fijado por concepto de indemnización por muerte y auxilio funerario puede alcanzar un monto máximo de hasta 750 smldv, lo que equivale exactamente a $43.772.625 en un desembolso único por cada víctima. Esta importante suma monetaria ha despertado la ambición de personas inescrupulosas que buscan lucrarse a costa del dolor de las familias damnificadas.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) reaccionó con contundencia ante estas irregularidades y emitió un pronunciamiento para orientar a los damnificados. La entidad reiteró que ningún ciudadano debe entregar dinero o rescindir porcentajes de sus indemnizaciones a personas que prometen agilizar la entrega de estos giros gubernamentales.
Frente a esta delicada situación, la entidad oficial enfatizó de manera explícita en su comunicado: “se hace un llamado a la ciudadanía para que no otorguen poder a abogados a través de funerarias u otros intermediarios con el fin de gestionar trámites relacionados con indemnización por muerte y auxilio funerario”.
La gratuidad del procedimiento administrativo es el pilar central de la advertencia institucional dirigida hacia todos los beneficiarios directos. Los familiares de los fallecidos tienen la facultad y el derecho legal de radicar la documentación requerida de forma personal y directa sin necesidad de pagar apoderados.
Los recursos públicos asignados para mitigar el impacto de esta tragedia no deben sufrir ningún tipo de descuento, retención o cobro de honorarios. Las autoridades enfatizaron que ningún establecimiento de servicios exequiales tiene la autorización legal para exigir porcentajes sobre el dinero que entrega el Estado.
El mecanismo para interponer las reclamaciones se encuentra totalmente habilitado a nivel nacional para quienes requieran adelantar el proceso. Se busca garantizar la máxima transparencia en la distribución de las ayudas económicas asignadas a la atención de la emergencia sísmica.
En materia de soporte a las víctimas, la institución habilitó de manera inmediata la línea telefónica 601 432 27 60, extensión 1014. A través de este canal se pueden resolver inquietudes sobre el diligenciamiento de los formularios oficiales sin costo alguno.
El canal de radicación virtual también se encuentra completamente operativo para la recepción formal de los expedientes requeridos. Los ciudadanos pueden dirigir todas sus solicitudes e inquietudes directamente a la cuenta de correo electrónico radicacionpndop@adres.gov.co para completar su proceso de indemnización de forma remota.
Las acciones de supervisión continuarán desplegándose en todo el territorio para evitar que se sigan presentando vulneraciones a los derechos de los afectados. Las autoridades competentes vigilarán estrictamente el comportamiento de los agentes exequiales durante el periodo de reconstrucción y atención a la catástrofe.