Transparencia por Colombia presentó su segundo informe de seguimiento a las medidas que adoptó el Estado para atender la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto que afectó a distintos departamentos del país.
Según se informó, se identificaron 117 decisiones administrativas: 60 de nivel nacional y 57 a nivel territorial, que incluyen decretos, ordenanzas, circulares y resoluciones.
La decisión administrativa más relevante fue la construcción del Fondo Milagro, un mecanismo usado para administrar la mayor parte de los dineros para atender la emergencia. Al 5 de octubre de 2026, el Ministerio de Hacienda celebró el contrato de fiducia mercantil para construir ese patrimonio autónomo y le asignó a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A., Fiducoldex, como sociedad administradora, de conformidad con el decreto legislativo 1379 de 2026.
Por ello, Transparencia por Colombia aseguró que la administración de recursos públicos a través de la figura de mecanismos y de usuarios que sujetan al régimen privado puede generar riesgos de corrupción importantes que se deben atender.
Por este motivo, se revisó el contrato de la fiduciaria mercantil del Fondo Milagro y su decreto reglamentario, identificando disposiciones orientadas para prevenir riesgos de corrupción, destacando las siguientes:
- Verificar la publicación de procesos contractuales en Secop como un requisito previo a la suscripción de los contratos.
- Conformar un consejo directivo responsable de orientar la intervención, adoptar presupuestos y establecer criterios de elegibilidad, priorización y localización, y publicar informes de gestión.
- Establecer una auditoría independiente y del ejercicio de control fiscal por parte de la Contraloría General de la República.
- Aplicar los procedimientos Sarlaft relacionados con proveedores y operaciones del Fondo.
- Definir las disposiciones para identificar y gestionar posibles conflictos de interés.
- Desarrollar un sistema de trazabilidad de la información.
A pesar de ello, que existan estas disposiciones no garantiza por sí mismas una mitigación de los riesgos de corrupción según Transparencia por Colombia, ya que algunas presentan ambigüedades al no definir el alcance de las medidas o no tienen un suficiente desarrollo operativo.
Cabe mencionar que entre el 11 de agosto y el 12 de octubre de 2026 se identificaron 768 contratos que se registraron en Secop I y Secop II, que se relacionan con la atención, recuperación y reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto.
Entre ellos se encontró el contrato de fiducia mercantil para la constitución del Patrimonio Autónomo Fondo Milagro, que se celebró entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A., Fiducildex.
Transparencia por Colombia identificó algunos datos claves de los contratos, como que el valor total de los contratos identificados asciende a unos $201.800 millones y fueron celebrados por 153 entidades con presencia en 103 municipios de 12 departamentos.
Además, el 97 % de los contratos corresponden a entidades de orden territorial a partir de 89 alcaldías municipales que concentran el 64.5 % de los contratos y el 40 % de los recursos, es decir, $80.400 millones.
De otra parte, la mayoría de los procedimientos se realizaron a través de la contratación directa, representando el 82 % del total, concentrando unos $170.000 millones.
Asimismo, el 60 % de los contratos se financia con recursos propios de las entidades, siendo esta la principal fuente de financiación.
Según Transparencia por Colombia, al revisar las fechas de firma de los contratos, quedó en evidencia que la contratación evolucionó desde la respuesta inmediata hacia la recuperación y reconstrucción, pues el 41.9 % de los contratos que se identificaron corresponden a la última fase de atención.
Además, en todos los procesos contractuales que se revisaron predominan las entidades territoriales, especialmente las alcaldías, gobernaciones, entidades descentralizadas y actores regionales con presencia directa en las zonas afectadas, mientras que uno de los hallazgos más importantes de la revisión fue la limitada presencia de entidades de orden nacional dentro del universo contractual que se identificó.
De los 768 contratos identificados, solamente cinco son de orden nacional, incluyendo el Fondo Milagro publicado el pasado 5 de octubre de 2026. La situación no implica la ausencia de intervención nacional, pero sí dejó ver una brecha de trazabilidad entre las acciones comunicadas públicamente por el presidente de la República y su materialización en la contratación que se analizó.