A través de un comunicado, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lanzó duros cuestionamientos contra el Decreto 1525 de 2026, que tiene como objetivo regular las protestas sociales en el país y que recientemente fue firmado por el presidente Abelardo de la Espriella.
“La norma autoriza intervenciones inmediatas ante ciertos hechos de violencia y permite omitir etapas previas de diálogo y mediación sin fijar garantías operativas suficientes para que esas actuaciones no terminen en agresiones contra las y los periodistas o en restricciones a su trabajo”, aseguró la FLIP.
Según una de sus advertencias, los procedimientos que realice la Fuerza Pública podrían ser un mayor riesgo para los periodistas, ya que podrían ser apartados de los lugares donde ocurren los hechos más importantes. Por lo tanto, estarían impedidos para grabar y reportar porque de lo contrario serían afectados por el uso de la fuerza.
“La existencia de situaciones de violencia no suspende las garantías de la libertad de prensa ni autoriza a confundir a quienes documentan una manifestación con quienes participan en actos violentos”, destacó la fundación.
Con el contexto anterior, la FLIP recordó que durante las protestas sociales del año 2021 contra el Gobierno Duque se registraron 263 agresiones contra la prensa, de las cuales 239 sucedieron cuando comunicadores se encontraban cubriendo asuntos vinculados con las marchas que iniciaron el 28 de abril.
Además, se registraron 36 obstrucciones al trabajo periodístico, 21 detenciones arbitrarias y 19 amenazas, sumado a ataques con uso de gases lacrimógenos y dispositivos aturdidores y, en algunas ocasiones, hubo impedimentos para registrar procedimientos de la Policía Nacional.
La FLIP advirtió que el Gobierno Nacional está en su deber de proteger a todas las personas que ejercen el periodismo y que los agentes policiales eviten agredirlos o detener su trabajo, con el fin de evitar abusos estatales.
“La experiencia del estallido social de 2021 no puede ignorarse. El uso de la fuerza por parte del Estado exige mayores garantías de transparencia y rendición de cuentas. Impedir que la prensa documente esas actuaciones debilita los mecanismos democráticos para identificar abusos y exigir responsabilidades. El Gobierno tiene la obligación de evitar que una regulación sobre el manejo de las protestas termine facilitando nuevas agresiones contra quienes informan. Ningún operativo policial puede convertirse en una zona libre de escrutinio periodístico”, puntualizó la organización.