Con el fenómeno de El Niño declarado oficialmente en Colombia, las 32 ciudades capitales deberán preparar sus sistemas de respuesta para enfrentar posibles problemas de abastecimiento de agua, incendios de cobertura vegetal, afectaciones a la salud pública y dificultades en el suministro de energía.
La hoja de ruta presentada por Asocapitales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propone un esquema de prevención y atención para el periodo 2026-2027, con medidas que cada administración deberá ajustar a las condiciones de su territorio.
Para las capitales, que concentran cerca del 47 % de la población nacional, la preparación supone revisar los recursos disponibles, establecer alertas tempranas y definir qué acciones deben activarse cuando se deteriore el abastecimiento o aumente la exposición de las comunidades.
La guía identifica 19 escenarios de riesgo y propone un sistema de decisiones en tres niveles, con el propósito de que las autoridades actúen según indicadores verificables y no esperen a que las emergencias comprometan la prestación de los servicios esenciales.
Agua, incendios y salud
Uno de los principales puntos de atención será la disponibilidad de agua potable. La reducción de las fuentes hídricas puede afectar los sistemas de acueducto y obligar a las administraciones a establecer alternativas de suministro para las zonas con mayores dificultades.
Por ello, se recomienda que las empresas prestadoras del servicio realicen balances periódicos entre la oferta y la demanda, calculen la autonomía de sus sistemas y monitoreen los caudales de las fuentes de captación y los niveles de los embalses. Con esa información, las autoridades podrán determinar cuándo es necesario adoptar medidas para reducir el consumo o activar otras opciones de abastecimiento.
La prevención también incluye los incendios de cobertura vegetal, especialmente durante los periodos secos. La hoja de ruta plantea revisar la capacidad de los cuerpos de bomberos, verificar la disponibilidad de equipos y combustible y mantener vigentes los convenios necesarios para garantizar la atención.
En las zonas donde confluyen áreas urbanas y rurales, las administraciones deberán identificar los sectores más expuestos, fortalecer las brigadas comunitarias y establecer medidas como la conservación de franjas cortafuego y el retiro de vegetación seca en puntos priorizados.
La salud pública constituye otro frente de preparación. Entre los escenarios contemplados figuran el aumento de enfermedades transmitidas por vectores, como dengue, zika y chikunguña, además de los efectos asociados a las temperaturas elevadas y al deterioro de la calidad del aire.
Los hospitales y centros asistenciales deberán revisar sus reservas de agua, sus sistemas de respaldo eléctrico y los protocolos para mantener la atención durante eventuales interrupciones de los servicios.
Semáforo para decidir cuándo pasar de la prevención a la emergencia
La propuesta establece tres niveles de actuación: amarillo, naranja y rojo. Cada uno corresponde a una fase de preparación que deberá activarse de acuerdo con la evolución de los indicadores definidos por las autoridades locales.
El nivel amarillo contempla el alistamiento institucional. En esta etapa, las alcaldías deberán comprobar que los planes de contingencia estén actualizados, que los equipos se encuentren disponibles y que existan recursos y responsables identificados para atender posibles incidentes.
El nivel naranja marca el momento de adoptar acciones anticipatorias. Si los indicadores alcanzan los umbrales establecidos, las autoridades podrán restringir los usos no esenciales del agua, preparar fuentes alternativas de abastecimiento y reforzar la vigilancia de incendios y enfermedades.
El nivel rojo corresponde a una situación de crisis. En ese escenario se prevé activar los planes de emergencia, coordinar la respuesta entre las entidades y aplicar medidas como racionamientos sectorizados cuando las condiciones lo requieran.
Sin embargo, el documento advierte que las ciudades no deben aplicar los mismos criterios de manera automática. Cada administración tendrá que definir sus umbrales de acuerdo con la disponibilidad de agua, sus capacidades operativas, los registros históricos y las particularidades territoriales.
La propuesta también incluye un tablero de seguimiento para registrar los responsables de cada actividad, los plazos y las evidencias de cumplimiento. Las revisiones se realizarían semanal o quincenalmente, dependiendo de las condiciones y del nivel de riesgo.