Uno de los casos judiciales del conflicto armado con más impacto y polémica en Colombia por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas por agentes estatales. En otras palabras, son las ejecuciones extrajudiciales conocidas mediáticamente como “falsos positivos”.
El caso ha seguido teniendo relevancia durante este 2026, ya que la JEP en el mes de abril aumentó la cifra de 6.402 casos revelada en 2021 a 7.837. El tribunal ha advertido que el número posible aumentará en el futuro, destacando que este fenómeno comenzó mucho antes del 2002.
En ese sentido, una investigación periodística de la revista Cambio señala que el tribunal transicional comprobó que hay 1.435 “falsos positivos” que se registraron entre 1990 y 2016. Al mismo tiempo, la JEP cree que los casos llegarían a ser más de 21.000, ya que esta es la cantidad de registros de víctimas que han estado siendo estudiadas.
Juan Felipe García, líder del grupo de Análisis de la Información de la JEP, dio detalles al medio de comunicación citado sobre los 21.000 casos que serían adicionales a los 7.837 que hasta el momento han sido plenamente identificados.
“Es muy importante para la ciudadanía que se haga explícito que en estas cifras que nosotros hemos determinado y que se han documentado, allí está excluido un universo que es muy relevante y es el de aquellas personas que no han sido identificadas, es decir, que no se puede identificar el nombre propio de esa víctima, pero aparece registrada con otros elementos como una víctima”, afirmó García.
El experto advirtió que el registro total no sería el punto final para el macrocaso, ya que a su juicio no hay posibilidad de definir la cantidad total de las ejecuciones extrajudiciales.
“Esos elementos de personas no identificadas, el número de registros, porque nosotros no podemos decir precisamente que son personas únicas, asciende de 21.000 registros. Y eso es muy importante para el país, porque lo que eso nos indica a nosotros es que estamos haciendo un trabajo de cálculo de un subregistro, porque no podemos saber cuál es, en total, de manera definitiva, la persona identificada que fue víctima de este delito“.
García dejó en claro que las investigaciones deberán continuar porque los posibles 21.000 casos pueden ser el piso, “pero no necesariamente es el techo”. La razón es porque hay personas que no han sido identificadas y que posiblemente han sido víctimas de esta misma violencia del Estado colombiano.
"Registros no significan personas únicas, son registros de muertes y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la fuerza pública en ese periodo, pero sin identificación del nombre y con otros datos faltantes. Es posible que en esos 21.000 haya duplicados, por ejemplo", explicó un vocero de la JEP posterior a una rueda de prensa.