La política colombiana atraviesa una nueva tormenta tras las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol, que exponen presuntos vínculos entre el gobierno de Gustavo Petro y el señalado contrabandista Ricardo Orozco Baeza, conocido como alias “Papá Pitufo”.
Las denuncias, que apuntan a reuniones entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el abogado del capturado, han desatado una ola de indignación y exigencias de justicia por parte de diversos sectores políticos.
Una de las voces más críticas fue la candidata presidencial Sondra Macollins, quien exigió la publicación completa de audios y pruebas, así como una investigación “inmediata e independiente” por parte de la Fiscalía y el Congreso.
Además, pidió al mandatario responder “con hechos” y no con ataques a los medios: “Colombia no puede aceptar que el poder termine salpicado por redes de contrabando. Esto no es un tema menor: es la confianza en el Estado lo que está en juego” afirmó.
En la misma línea, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia calificó como “gravísimo” que, mientras el país cuestionaba recursos atribuidos a “Papá Pitufo”, desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se habrían sostenido reuniones con su entorno. En ese sentido, exigió claridad sobre los hechos y la publicación de pruebas.
Asimismo, el partido que avala a Valencia, el Centro Democrático, calificó los hechos como una “estocada a la institucionalidad. Es inaceptable que el jefe de Inteligencia (DNI) se reuniera a puerta cerrada con el abogado de alias ‘Papá Pitufo’ para ofrecer beneficios judiciales a cambio de silencio”, subrayaron.
El partido cuestionó por qué el Ejecutivo buscó al “Zar del Contrabando” antes que la justicia ordinaria, sugiriendo que se podría estar usando el aparato estatal para encubrir dineros ilícitos en la campaña presidencial.
Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa cuestionó directamente el papel de la DNI, preguntando por la autoridad con la que se habrían ofrecido beneficios judiciales a un presunto contrabandista y sugiriendo posibles implicaciones más amplias, incluso en la financiación de campañas.
“Colombia merece saber qué más ha consentido la DNI desde que el Petrismo está en el poder. Es evidente que apenas estamos divisando la punta del iceberg” expresó.
El también líder político Juan Manuel Galán afirmó que el presidente “se convirtió en lo que juró destruir”, señalando que las denuncias contradicen las promesas de lucha contra la corrupción y las mafias.
“Gustavo Petro llegó prometiendo romper con las viejas prácticas, enfrentar la corrupción y cerrarles el paso a las mafias. Pero lo que hoy se acumula son denuncias, investigaciones y dudas cada vez más graves sobre quiénes realmente están influyendo en su gobierno”, aseguró.
A estas críticas se sumó el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien cuestionó el silencio del senador Iván Cepeda frente al caso: “El que calla otorga y está siendo cómplice por omisión de la corrupción” señaló. También advirtió sobre los riesgos de justificar prácticas ilegales para alcanzar el poder y rechazó lo que calificó como una lógica del “todo vale”.
Por su lado, el abogado Abelardo De La Espriella lanzó fuertes acusaciones al afirmar que el presidente “gobierna con criminales y para criminales”.
Mientras el presidente Gustavo Petro ha confirmado contactos de inteligencia con el entorno de “Papá Pitufo” bajo argumentos de seguridad nacional, la oposición insiste en que la Fiscalía y el Congreso deben realizar investigaciones independientes para determinar si la inteligencia del Estado fue utilizada para fines particulares o electorales.