La Unión Sindical Obrera (USO) emitió este miércoles 18 de marzo de 2026 un comunicado oficial en el que solicita formalmente a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. retirar de su cargo al actual presidente de la compañía, Ricardo Roa. El sindicato argumenta que las múltiples investigaciones en curso contra el directivo representan un riesgo para la estabilidad de la empresa más importante del país.
A pesar de reconocer avances en el modelo de relacionamiento entre la empresa y el sindicato bajo la actual administración, la USO enfatiza que el entorno actual de la industria exige una dirección sin cuestionamientos legales. Para la organización, la prioridad debe ser proteger los intereses de la estatal petrolera y garantizar su funcionamiento adecuado ante los desafíos energéticos nacionales.
Este pronunciamiento se da en medio de las investigaciones contra Roa por tráfico de influencias. El proceso judicial se centra en la compra de un apartamento en el sector de El Chicó por $1.800 millones —un valor $927 millones inferior al comercial—, transacción que la Fiscalía vincula a presuntos beneficios contractuales en favor del vendedor, el empresario Juan Guillermo Mancera.
Desafíos operativos y necesidad de reingeniería financiera
La organización sindical señaló que Ecopetrol requiere diseñar una reingeniería financiera inmediata que asegure los recursos necesarios para fortalecer el negocio tradicional de hidrocarburos. Según el comunicado, es urgente desarrollar campañas exploratorias de alta potencialidad para adicionar nuevas reservas de gas natural y petróleo en el corto plazo.
Asimismo, la USO instó a la compañía a aplicar tecnologías que aumenten el factor de recobro en campos maduros y a gestionar ante el Gobierno Nacional el trámite de licencias ambientales. Estas acciones son consideradas fundamentales por el sindicato para asegurar la sostenibilidad de la empresa en el mediano y largo plazo dentro del mercado energético.
El impacto de las investigaciones en el gobierno corporativo
Sobre la situación jurídica de Ricardo Roa, la USO reconoció el principio de presunción de inocencia, pero advirtió que los señalamientos penales, disciplinarios y administrativos agravan la situación de la compañía. El sindicato considera que estos riesgos podrían materializarse y afectar el cumplimiento de la estrategia empresarial y la confianza en el gobierno corporativo.
En su petición, el sindicato exige que la Junta Directiva proceda a apartar a Roa para que este pueda concentrar sus esfuerzos en su defensa ante las autoridades competentes. La organización sostiene que esta medida es necesaria para actuar con total transparencia y apego a los principios éticos que deben regir a la principal empresa de los colombianos.
Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.