La Defensoría del Pueblo manifestó su rechazo y pidió iniciar una investigación ante las recientes intimidaciones contra la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y la vandalización de una de sus sedes de campaña.

La institución reiteró que en un Estado social de derecho ninguna persona puede ser objeto de amenazas o intimidaciones por el ejercicio de su participación política.

En ese sentido, la protección de quienes intervienen en el debate público es una condición esencial para la vigencia de los derechos civiles y políticos y para la legitimidad del proceso electoral.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en el esclarecimiento de los hechos en contra de la candidata presidencial del Centro Democrático, identificar a los responsables y determinar los riesgos contra la vida e integridad de la candidata.

“El ‘Compromiso por un proceso electoral libre y en paz’ incluye que todas las personas, organizaciones políticas y actores sociales contribuyan a un debate público respetuoso, libre de violencia, estigmatización y discursos que pongan en riesgo la vida o la integridad de quienes participan en la contienda electoral. Saludamos el rechazo que se ha proferido por las campañas que lo han hecho e invitamos a todos los candidatos y candidatas a que rechacen estos hechos y adopten protocolos para prevenir la difusión de este tipo de contenidos desde sus campañas políticas”, indicó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado.

La institución también solicitó al Ministerio del Interior, tomar este tipo de casos como prioritarios ante la Comisión Nacional de Seguimiento a los Procesos Electorales y en los comités encargados de las recomendaciones de protección y seguridad para las candidaturas.

Aparecieron varias sedes de Paloma Valencia vandalizadas. | Foto: Montaje con fotos de redes sociales / El País

“La democracia se fortalece cuando las diferencias se tramitan mediante la palabra y las ideas, y cuando existen garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de seguridad y respeto”, concluyó la Defensoría del Pueblo.

Información de Colprensa.