La Dian respondió a los señalamientos de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, quien denunció un posible conflicto de interés relacionado con el director de la entidad, Andrés Felipe Velásquez Reyes, y un acuerdo de pago de la firma De La Espriella Lawyers Enterprise SAS, perteneciente al abogado y actual presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella.
Esta controversia surgió luego de que Carrascal hiciera públicas sus acusaciones a través de redes sociales, en las que puso bajo cuestionamiento la relación entre el nombramiento de Velásquez y su presunta participación en un procedimiento relacionado con las obligaciones tributarias de la firma de abogados.
Y es que el señalamiento de la congresista apunta a establecer si existió alguna situación que pudiera comprometer la imparcialidad del funcionario en el manejo de este asunto.
Esto dijo la entidad
Uno de los principales argumentos de la entidad para responder a la denuncia de Carrascal es que la solicitud de facilidad de pago presentada por De La Espriella Lawyers Enterprise SAS no se tramitó durante la actual dirección de la Dian.
Según explicó la institución, tanto la presentación de la solicitud como su aprobación ocurrieron durante la administración anterior, bajo la responsabilidad de los jefes de área de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
En ese sentido, la entidad sostuvo que el procedimiento ya había sido adelantado antes de que Andrés Felipe Velásquez Reyes asumiera la dirección nacional.
La Dian precisó que el funcionario tomó posesión del cargo el 12 de agosto de 2026. “Por lo cual, desde este día ha ejercido las funciones de dirección de la Entidad (Art. 8 Decreto 1742 de 2020) y sólo desde ahí se empezó a conformar el equipo directivo que lo acompaña”.
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento tiene que ver con las funciones que tiene el director general de la Dian y las dependencias encargadas de tramitar las facilidades de pago de los contribuyentes.
Sobre este aspecto, la entidad indicó que la aprobación de estos acuerdos y la revisión de los expedientes correspondientes no hacen parte de las competencias directas del director general.
“Dentro de sus funciones no está la de aprobar facilidades de pago o revisar tales expedientes cuya competencia funcional y material está asignada a otros funcionarios de las Direcciones Seccionales de Impuestos”.
La entidad también se refirió al acceso a la información relacionada con el acuerdo de pago y recordó que los procedimientos que se encuentran en etapa de cobro están sometidos a reserva legal.
Para respaldar esta posición, citó el artículo 849-4 del Estatuto Tributario, que establece que los expedientes de las oficinas de cobranzas únicamente pueden ser examinados por el contribuyente, su apoderado legalmente constituido o los abogados autorizados mediante un memorial presentado personalmente por el interesado.
Al cierre de su pronunciamiento, la entidad reiteró que los trámites relacionados con las solicitudes de facilidades de pago se encuentran regulados por disposiciones legales y reglamentarias, por lo que deben cumplir criterios técnicos y procedimentales.
La institución aseguró que las solicitudes presentadas por los contribuyentes reciben el mismo tratamiento y son evaluadas bajo parámetros normativos, sin distinciones entre quienes acuden a la entidad.
“Todas las solicitudes son objeto de evaluación bajo los mismos criterios normativos, técnicos y procedimentales”, señaló la Dian en su comunicado.