A pocos días de que entre en vigor la Ley de Garantías por las elecciones presidenciales, se conoció que al menos 30 funcionarios fueron declarados insubsistentes en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), una situación que ha generado preocupación por el momento en el que se producen los despidos y por el perfil de varios de los afectados.
Las desvinculaciones se registraron en la tarde de este lunes 26 de enero, a tan solo cinco días de que comience la restricción a la contratación estatal y al gasto público, prevista entre el 31 de enero de 2026 y el 7 de agosto del mismo año.
Según información revelada inicialmente por Blu Radio, las notificaciones comenzaron alrededor de las 5:00 p. m., cuando los funcionarios fueron llamados uno por uno para recibir la declaratoria de insubsistencia.
Entre las personas desvinculadas se encuentra Luz Dary Cruz, jefe de Recursos Humanos del Dapre, quien llevaba más de 25 años de servicio en la Casa de Nariño y se encontraba próxima a pensionarse.
También salió Yury Carolina Calderón, jefe de prensa de la entidad, así como otros funcionarios que ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción.
De acuerdo con la información conocida, los despidos no se limitaron a cargos directivos, sino que también afectaron a personal operativo como conductores y meseros, así como a madres cabeza de familia y prepensionados, lo que ha intensificado las críticas por el impacto social de las decisiones adoptadas.
La notificación entregada a los funcionarios fue clara, declaratoria de insubsistencia, un mecanismo administrativo que ya se ha venido aplicando en otras entidades del Gobierno nacional. En la Cancillería, por ejemplo, más de 130 personas han salido recientemente, en un proceso similar que también ha sido objeto de cuestionamientos.
Uno de los puntos que más inquietud ha generado es que estos movimientos se dan en contravía de una instrucción previa del presidente Gustavo Petro, quien había indicado que los funcionarios de libre nombramiento no debían ser retirados en masa en el contexto previo a la Ley de Garantías.
Sin embargo, denuncias conocidas por medios de comunicación apuntan a que la contratación y los despidos estarían respondiendo al cumplimiento de cuotas políticas.
Adicionalmente, versiones recogidas por la revista SEMANA señalan que en el Dapre se estaría llevando a cabo una “purga” de funcionarios cercanos a la exdirectora Angie Rodríguez, quien salió del cargo denunciando un supuesto complot en su contra.