La presencia de grupos armados en instituciones educativas del sector del Naya, en el Pacífico colombiano, está generando preocupación entre autoridades y organizaciones de derechos humanos, tras conocerse imágenes en las que disidencias de las Farc entregan útiles escolares a estudiantes.
De acuerdo con denuncias, integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ ingresaron a colegios rurales no solo para repartir materiales, sino también para difundir mensajes relacionados con su estructura, lo que ha sido interpretado como una forma de influir en la población infantil.
“Lo ocurrido en el Naya, es absolutamente inaceptable. Ningún grupo armado puede entrar a una escuela, acercarse a niños, niñas y adolescentes, ni utilizar cuadernos o material escolar para hacer propaganda o ganar una supuesta influencia. Constituye una forma de instrumentalización de menores y una grave violación de sus derechos. Este tipo de prácticas buscan normalizar la presencia armada, generar simpatías y abrir camino al reclutamiento aprovechándose de la vulnerabilidad de las comunidades. Hay que ser claros: no se trata de una ayuda social. Se trata de una estrategia de control y presión sobre la niñez", dijo el director de Indepaz, Leonardo González.
Otro aspecto que generó indignación es el uso indebido del emblema de la Cruz Roja por parte de los disidentes, un símbolo protegido por el Derecho Internacional Humanitario.
“Están cometiendo una infracción directa del DIH por el uso indebido del logo, el cual está siendo utilizado en chalecos de actores armados para entrar a las instituciones educativas y dejar en la memoria de los niños y niñas, la idea de que ese logo esté relacionado con el grupo ilegal, agravando aún más la situación“, señaló Lina Tabares, de la Fundación Territorio de Paz.
Por el momento, las autoridades se encuentran verificando la información y tratando de establecer con precisión la institución educativa donde se registró este caso, ya que la región del Naya abarca varios municipios de Cauca y Valle del Cauca.
Además, reportes revelan que el reclutamiento de menores en esta región ha venido en aumento. Solo en Jamundí, en los últimos tres años, se registraron cerca de 300 casos, tanto en áreas rurales como urbanas, muchos de ellos relacionados con entornos escolares y redes sociales.
Estos casos también se suman al incremento de asesinatos de jóvenes en Buenaventura, una región que está sumamente afectada por la disputa entre grupos criminales, los cuales no solo atemorizan a la población, sino que imponen fronteras invisibles, controlan la movilidad ciudadana, reclutan menores y utilizan la violencia para dominar las rentas ilegales.