El panorama legal tras los comicios presidenciales sumó un nuevo capítulo tras la publicación de la demanda de nulidad que busca dejar sin efectos la Resolución E-3181 del Consejo Nacional Electoral. Esta medida pretende tumbar la credencial que oficializó el triunfo de Abelardo De La Espriella y de su fórmula Vicepresidencial, José Manuel Restrepo.
La acción jurídica fue interpuesta ante la Sección Quinta del Consejo de Estado a través de un documento de 61 páginas impulsado por miles de firmantes. El recurso radica su solicitud en la estrecha diferencia sobre Iván Cepeda, que se fijó en 251.854 sufragios, equivalente a menos del 1 % del total de votos válidos.
A diferencia de las narrativas públicas, el texto no sostiene que exista un fraude electoral técnicamente probado dentro del expediente. Su argumento central se concentra en señalar una supuesta “opacidad sistémica” provocada por la eliminación de controles de trazabilidad en la plataforma de la Registraduría Nacional.
Los demandantes sostienen que el sistema de divulgación omitió huellas digitales, metadatos y estampillas de tiempo que sí estuvieron presentes en los comicios de 2022. Según el alegato, estas modificaciones impiden verificar de forma independiente la integridad y autenticidad de los formularios E-14, E-24 y E-26.
Un punto crítico expuesto en el recurso radica en que las firmas de los jurados habrían quedado consignadas en una página independiente del cuerpo que registra los resultados. Los peritajes anexados sostienen que esta separación rompe la unidad documental y podría facilitar la recombinación de archivos mediante herramientas tecnológicas.
El presidente Gustavo Petro se encargó de difundir la totalidad de la demanda mediante sus canales oficiales en redes sociales. El mandatario aseguró que el sustento técnico fue construido por más de 70.000 ciudadanos agrupados en la iniciativa Testigos Digitales.
En sus publicaciones, el jefe de Estado afirmó que este grupo ciudadano identificó presuntas manipulaciones algorítmicas mediante el análisis de las trazas digitales. Asimismo, anunció que el lenguaje especializado del documento será adaptado a formatos pedagógicos para su comprensión masiva.
Entre las pretensiones principales del recurso se destaca la solicitud de declarar la nulidad de la elección y la orden de ejecutar un nuevo escrutinio en las mesas del exterior. De forma subsidiaria, se pide la realización de auditorías forenses e inspecciones técnicas a la infraestructura informática.
El trámite judicial queda ahora en manos del alto tribunal administrativo, el cual deberá determinar si admite el estudio de fondo. Mientras tanto, la sola presentación de la acción no suspende los efectos de la declaratoria emitida por las autoridades electorales.