La Defensoría del Pueblo ha emitido un comunicado en el que advierte un agravamiento del conflicto armado y la situación humanitaria en la región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con la entidad, los ataques con drones cargados de explosivos, los enfrentamientos armados, secuestros y desplazamientos están afectando la vida y los derechos tanto de las comunidades como de integrantes de la Fuerza Pública.

Y es que a esta grave situación se suman las intimidaciones y restricciones de la guerrilla del ELN contra equipos de la Defensoría durante misiones humanitarias, así como los señalamientos y la estigmatización del Frente 33 de las disidencias de las Farc contra la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales y otras entidades que trabajan en el territorio.

“En los últimos meses hemos evidenciado el incremento del reclutamiento forzado, así como el asesinato de una adolescente de 13 años que había sido reclutada y luego la interceptación del carro funerario en que su cuerpo era trasladado”, asegura.

Al mismo tiempo, este Ministerio Público encargado del seguimiento a los derechos humanos en el territorio colombiano afirmó que el pasado 11 de noviembre emitió una alerta temprana de inminencia para los corregimientos de Luis Vero y San Martín de Loba del municipio de Sardinata.

Según la Defensoría del Pueblo entre enero y mayo 68.347 fueron víctimas de desplazamiento forzado en Catatumbo. | Foto: Colprensa

Sin embargo, entre el 12 y el 21 de noviembre han sucedido al menos 17 hechos de violencia en el Catatumbo posteriores a la alerta. La gran mayoría de estos han sido ataques de explosivos mediante drones contra la población civil, dejando graves afectaciones.

“En apenas diez días, estos hechos dejaron cinco personas muertas, cuatro militares y una civil, y 17 personas heridas, cinco militares y 12 civiles, además de dos mujeres secuestradas, quienes ya fueron liberadas. Todas estas situaciones han generado o pueden generar desplazamientos forzados y restricciones para la movilidad de las personas que habitan en el Catatumbo”, detalla la Defensoría.

La entidad hace un llamado a todos los actores armados para que respeten la labor humanitaria y eviten hacer señalamientos o amenazas. De esa manera garantizarían condiciones seguras para el acceso a los territorios y la atención de la población civil.

“Pedimos respeto al derecho de la población al acceso humanitario frente a intimidaciones, estigmatización y restricciones a la acción humanitaria de la Defensoría del Pueblo y otros actores humanitarios por parte del ELN y de las disidencias del Frente 33″, expresó la controversial defensora del Pueblo, Iris Marín, a través de su cuenta de X (antiguo Twitter).