La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, solicitó a los organismos competentes dar prioridad a las investigaciones derivadas de las denuncias realizadas por Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro, en las que se plantean presuntas irregularidades relacionadas con la contratación estatal y posibles intercambios de beneficios públicos por encuentros de carácter personal.
A través de un pronunciamiento difundido en su cuenta de X, la funcionaria hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación para que avancen con celeridad en las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.
Según manifestó Marín, la gravedad de las afirmaciones conocidas públicamente obliga a las autoridades a actuar con prontitud para determinar si existieron conductas irregulares y establecer las responsabilidades a las que haya lugar. No obstante, enfatizó que cualquier investigación debe desarrollarse respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas mencionadas.
“La gravedad de esta denuncia no da margen de espera. Solicitamos la priorización inmediata para la investigación de estos hechos”, expresó la defensora del Pueblo, quien además insistió en que las entidades encargadas deben actuar con autonomía e independencia frente a cualquier presión política o mediática.
La intervención de la Defensoría se produce después de que Deicy Jiménez entregara una entrevista a la revista SEMANA en la que realizó varios señalamientos relacionados con una presunta red de mujeres y supuestos vínculos entre la adjudicación de contratos públicos y encuentros sexuales con Petro cuando este ejercía como senador.
Las afirmaciones corresponden exclusivamente a la versión entregada por Jiménez y, hasta el momento, no constituyen una prueba de los hechos denunciados. En su pronunciamiento, Marín también destacó la necesidad de garantizar la protección de eventuales víctimas y testigos que puedan aportar información al proceso.
Además, la funcionaria señaló que la actuación de las autoridades debe orientarse tanto al esclarecimiento de los hechos como a la protección de quienes participen en las investigaciones, independientemente de la condición o cargo de las personas eventualmente implicadas.
Estás denuncias también dieron origen a una actuación impulsada por el Instituto Anticorrupción. De acuerdo con la información conocida, una denuncia formal fue presentada ante las autoridades con base en las declaraciones divulgadas públicamente por Jiménez.
En el documento, fechado el 25 de octubre de 2026 y firmado por Camilo Alberto Enciso Vanegas, director de esa organización, solicita que los organismos competentes verifiquen la información y determinen si existen elementos que permitan abrir o fortalecer líneas de investigación.