Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, hizo un llamado a la sensatez al gobierno del presidente De la Espriella en cuanto al despliegue público y mediático que viene haciendo de los resultados en su escalada militar contra objetivos de los grupos armados ilegales que operan en diferentes regiones de Colombia.
Hasta ahora, por lo menos en dos pronunciamientos públicos, De la Espriella incluyó como parte de la puesta en escena de los golpes contundentes a la insurgencia, no solo las armas y elementos incautados, también de forma grotesca e inhumana, exhibió los cadáveres envueltos en plástico blanco de los subversivos dados de baja en las operaciones militares.
Así lo hizo en la presentación de los resultados de la Operación Azarías, desarrollada en Miraflores, Guaviare, donde dieron de baja a 23 miembros de las disidencias de alias Iván Mordisco, entre los que se contaban 2 menores de edad y 8 mujeres. Los cuerpos en bolsas fueron puestos a la vista pública mientras el presidente se paseaba entre ellos.
De igual forma ocurrió con la Operación Centinela de la Patria en la que dieron de baja al cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), alias Bendito Menor, su pareja y dos de sus escoltas. En la presentación de resultados ubicaron los cuatro cuerpos frente a la tarima desde la que habló el presidente.
El hecho que no ha sido suficientemente evidenciado en la prensa colombiana, sí fue comentado en medios internacionales como The New York Times, CNN, EuroNews, La Nación, entre otros.
Respecto a estos montajes públicos, su macabra simbología y el mensaje que transmiten, la defensora del Pueblo observó que “las imágenes y los símbolos del poder público también importan. No deberíamos normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”.
“Incluso en la guerra hay límites, y la dignidad humana no desaparece con la muerte (...) Aunque la baja de una persona responsable de los crímenes más aberrantes pueda ser legal, la protección del derecho a la vida sigue teniendo un lugar preferencial en nuestro ordenamiento jurídico”, enfatizó la defensora.
“Nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, comentó en un video publicado desde la cuenta de la Defensoría del Pueblo.
Para Marín Ortiz, el Estado no puede caer en la misma inhumanidad de los grupos al margen de la ley. “Los numerosos grupos armados que participan en el conflicto y la criminalidad son crueles, no respetan las reglas más mínimas de humanidad, se ufanan de impiedad y de poder. Pero el Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o con quién convierte la muerte en demostración de poder”.
Por el contrario, “el Estado está en el deber de proteger a la población y de enfrentar, dentro de la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, a los grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos”.
En este sentido, “la fortaleza del Estado no está en parecerse a quienes combate, sino en conservar sus límites incluso frente a quienes los han desconocido. Su legitimidad se afirma cuando protege a la población, hace cumplir la ley y mantiene intacto aquello que dice defender: la dignidad humana”.
Por último, aclaró que “esta reflexión no desconoce ese deber ni cuestiona por sí mismas las operaciones legítimas de la Fuerza Pública. Se refiere más bien a algo distinto, a la manera como el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados”.
Entre tanto, el discurso del presidente De la Espriella se mantiene, que ha expresado con vehemencia, como que “no vine a contemporizar con asesinos, extorsionistas y reclutadores de menores. Vine a derrotarlos con toda la fuerza legítima de las armas”.
Y, en su pronunciamiento durante la cumbre de gobernadores en Santa Cruz de Mompox, afirmó: “la paz en la que cree este gobierno es la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Esa es la única paz verdadera y duradera”.