La salida de Antonio Sanguino del Ministerio de Trabajo, tras el cambio de Gobierno, tendrá consecuencias directas en el proceso judicial que se adelanta en su contra por un presunto caso de tráfico de influencias.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia citó para este jueves 20 de agosto, a las 5:30 de la tarde, una audiencia en la que definirá qué autoridad judicial continuará conociendo el proceso contra el exministro. El expediente está actualmente en el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas.
El entonces presidente Gustavo Petro nombrara a Sanguino como ministro de Trabajo. Su condición de alto funcionario le otorgó fuero constitucional y llevó el proceso de la justicia ordinaria al alto tribunal.
Sin embargo, tras dejar el Ministerio, Sanguino perdió ese fuero, por lo que ahora la Corte debe determinar si el expediente continúa bajo su competencia o si debe ser trasladado a la justicia penal ordinaria.
La decisión estará en manos de los magistrados Jorge Emilio Caldas, Blanca Barreto y Paula Andrea Ramírez, integrantes de la Sala de Primera Instancia, quienes establecerán a qué despacho deberá pasar el proceso.
¿De qué se acusa a Antonio Sanguino?
La investigación contra Sanguino se remonta a 2008, cuando se desempeñaba como concejal de Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, el entonces cabildante habría utilizado su posición para influir en el nombramiento de una persona cercana como gerente del Hospital de Usme, en el sur de la capital.
Según la investigación, estas actuaciones habrían buscado favorecer intereses de terceros y permitir el control de la contratación del centro hospitalario. Entre los nombres mencionados por los investigadores aparece Julio Gómez, quien posteriormente estuvo involucrado en el denominado carrusel de la contratación de Bogotá durante la administración del exalcalde Samuel Moreno.
Durante una audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía sostuvo que Sanguino habría utilizado de manera indebida las influencias derivadas de su cargo de concejal para obtener beneficios y ejercer control político en la localidad de Usme.
El proceso ha tenido varios giros. Incluso, la Fiscalía solicitó en su momento la preclusión de la investigación, una petición que quedó en manos de la Corte Suprema para su análisis.
Ahora, con la salida de Sanguino del Ministerio de Trabajo, el Alto Tribunal deberá definir cuál será el juez competente para continuar con el proceso y si el expediente permanecerá en la Corte o regresará a la justicia ordinaria.