La Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional implementar siete planes de choque para regiones que la Defensoría del Pueblo ha identificado como zonas con emergencias humanitarias recurrentes.

Estas regiones son los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba, y Norte de Santander. Así, el Gobierno deberá además presentar un informe de los avances en la implementación de cada plan.

La decisión fue tomada por la Sala Especial de Seguimiento, con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz, que determinó que persiste un estado de cosas inconstitucional en materia de prevención del desplazamiento y protección de la población víctima de este flagelo.

Con base en la información presentada por la Unidad para las Víctimas, la Corte encontró que hubo un retroceso en la garantía de los derechos de la población víctima de desplazamiento. Además, hubo un aumento de la violencia generalizada en el país y crecieron los desplazamientos masivos y confinamientos.

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La Corte también determinó que la situación se agravó a causa de la presencia de cultivos para usos ilícitos; el reclutamiento de menores de edad por actores armados; las minas antipersonales y municiones sin explosionar; y los riesgos en contra de líderes, lideresas y autoridades étnicas.

Teniendo en cuenta esto, la Corte rechazó la solicitud del Gobierno de declarar un avance en la situación de emergencia humanitaria.

Por el contrario, ordenó implementar una serie de medidas para atender la misma, tales como crear una política pública de prevención, y un plan de fortalecimiento del programa de protección.

Por último, solicitó a la Procuraduría General de la Nación que realice un seguimiento a las alertas tempranas y denuncias.