En la tarde de este 9 de julio, La Corte Constitucional de Colombia, declaró inexequibles otros 5 decretos más, expedidos por el Gobierno Nacional en el marco del estado de conmoción interior en el Catatumbo, Norte de Santander y en los municipios de González y Río de Oro en Cesar.
Los decretos que fueron retirados del ordenamiento jurídico por ser contrarios a la Constitución, son:
- Decreto 135 con el que se buscaba reorientar rentas de destinación específica y modificar el presupuesto.
- Decreto 133 en el que se adoptaban medidas en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Decreto 137 que adoptaba medidas de protección para personas. grupos y comunidades afectadas por las violaciones a los Derechos Humanos.
- Decreto 155 en el que se adoptan medidas en materia de infraestructura educativa para la educación superior.
- Decreto 132 que tomaba medidas de orden público sobre los combustibles.
¿Cual era el objetivo de cada uno de estos?
El decreto 135, también conocido como “Reorientación de Rentas Territoriales”, permitia a las entidades locales redirigir ciertos ingresos para cubrir gastos operativos. Aunque este decreto ayudaba a resolver problemas presupuestarios, no generaba nuevos recursos ni aceleraba la ejecución del Plan Catatumbo.
El decreto 133, autorizaba a las entidades públicas y organismos humanitarios a solicitar permisos para el uso del espectro radioeléctrico sin necesidad de estar inscritos en el Registro Único de TIC, ni estar al día con el MinTIC y FUTIC, con el objetivo de facilitar la protección de la vida humana y la seguridad pública en la región.
El decreto 137, establecia medidas extraordinarias e integrales para proteger a las personas, grupos y comunidades afectadas por graves violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario, causadas por grupos armados y otros actores violentos. Este decreto buscó reforzar la seguridad de firmantes de paz, líderes sociales y comunidades en riesgo
El decreto 155, buscó adoptar medidas extraordinarias en materia de infraestructura y dotación educativa para la región, específicamente en los niveles inicial, preescolar, básica, media y superior, con el fin de garantizar el acceso a la educación de calidad.
Por último, el decreto 132 concedia faculta al Ministerio de Minas y Energía, para limitar, suspender o sustituir servicios de abastecimiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas combustible y derivados del petróleo, con el objetivo de controlar la distribución y transporte de estos productos en la región del Catatumbo y zonas aledañas, llegando incluso a la suspensión temporal del servicio.
Estos decretos se unen a la lista de otros, que también han sido retirados, en especial a los más recientes; los decretos 136 que asignaba recursos del Sistema General de Participación a la crisis de orden público en el Catatumbo, y el decreto 107 que creaba zonas de protección en zonas agropecuarias y abastecimiento de alimentos.
Los cuales fueron tumbados porque el gobierno, según la Corte, ya podía llevar a cabo los proyectos productivos en el Catatumbo y hacer las contrataciones para el abastecimiento de alimentos, sin el estado de conmoción interior.