La Corte Constitucional exhortó al Congreso a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 las medidas necesarias para cumplir la Sentencia T-302 de 2017 que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional de la niñez Wayuu en La Guajira.
De acuerdo con la Sala Especial de Seguimiento, luego de casi diez años todavía persisten, por lo menos, cuatro obstáculos que siguen dificultando la superación de la crisis en las comunidades Wayuu: la falta de un plan de acción definitivo y financiado, la ausencia de información integrada entre las entidades, las fallas en la infraestructura de agua y las dificultades para garantizar una representación legítima de las comunidades.
En ese sentido, el alto tribunal señaló que “la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 abre una oportunidad para articular las medidas destinadas a superar el estado de cosas inconstitucional con los instrumentos de planeación y financiación”.
Por eso, además de exhortar al Congreso, ordenó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Hacienda evaluar las medidas necesarias para cumplir la sentencia y, cuando tengan sustento técnico y viabilidad financiera, proponer que sean incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo y a su Plan Plurianual de Inversiones.
Asimismo, la Corte pidió elaborar un inventario de las obras de abastecimiento de agua construidas o rehabilitadas desde 2017, establecer cuáles funcionan y cuáles no, identificar las causas de las fallas y presentar un plan gradual para recuperar la infraestructura que permanece sin funcionar.
También ordenó establecer una metodología pública y transparente para definir qué comunidades recibirán las intervenciones estatales, sin excluirlas por motivos simples como no tener un vocero reconocido.
En cuanto al manejo de los recursos, las entidades deberán mejorar la identificación de los contratos relacionados con el cumplimiento de la sentencia en el sistema SECOP y consolidar una matriz que permita hacer seguimiento a contratos, convenios y proyectos.
La decisión incluye “un protocolo para que las bases de datos de las entidades se comuniquen entre sí y para culminar la caracterización del Registro Multidimensional Wayuu”.
Por su parte, al Ministerio del Interior le pidió presentar un cronograma para avanzar en el reconocimiento y registro de las autoridades tradicionales y en la designación de los delegados de las comunidades.
Como parte de las medidas de divulgación, la cartera del Interior deberá preparar una síntesis de la decisión en wayuunaiki, tanto oral como escrita, y difundirla en los cuatro municipios involucrados.
Con información de Colprensa*