La Corte Constitucional emitió una advertencia contra altos funcionarios del Gobierno nacional y autoridades locales de La Guajira debido a los reiterados incumplimientos en las órdenes dictadas para proteger a la comunidad indígena. La decisión, adoptada por la Sala de Seguimiento nueve años después de declararse el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), responde a la persistente vulneración de los derechos fundamentales a la salud, la alimentación y el agua potable en la región.
El pronunciamiento quedó plasmado en un auto expedido por el magistrado Carlos Camargo Assis, en el que se fijó un requerimiento perentorio para los responsables de ejecutar las medidas de atención. “El tribunal le dio 10 días hábiles al Ministerio de Vivienda, al Ministerio del Interior, a la Consejería Presidencial para las Regiones, a la Gobernación de La Guajira, a las alcaldías de Maicao, Manaure y Uribia, a sus respectivas secretarías de Salud y a la SuperServicios para que presenten informes completos sobre el cumplimiento de las órdenes sobre agua, salud y niñez wayúu”, señala el documento oficial.
La revisión del tribunal reveló fallas de ejecución en frentes clave como el suministro de agua por parte del Ministerio de Vivienda, los censos de población infantil en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, los análisis de calidad del recurso hídrico por la Superservicios y la Secretaría de Salud, e incluso la traducción de las providencias judiciales al wayuunaiki a cargo del Ministerio del Interior. Ante esta situación de inobservancia, el tribunal advirtió que la falta de resultados acarreará consecuencias legales para los implicados.
Al respecto, la providencia judicial concluyó con una tajante advertencia sobre las implicaciones jurídicas de mantener la omisión instititucional: “El incumplimiento de lo ordenado en esta providencia dará lugar a la aplicación de los medios coercitivos previstos en la ley, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, penales y por desacato a que haya lugar”.
Este llamado de atención se produce como antesala de la audiencia pública que la Corte Constitucional adelantará en Riohacha con representantes de 25 entidades públicas, donde se evaluarán en terreno las acciones adoptadas para frenar la crisis humanitaria que afecta a la infancia en el departamento de La Guajira.