El coronel del Ejército Carlos Didier Pérez Amorocho habría beneficiado por muchos años al ELN y estructuras de las disidencias de las Farc. Una investigación de la Fiscalía reveló que les entregó información reservada sobre operaciones militares.
Todo habría empezado en 2020, cuando el oficial se desempeñaba como comandante de un batallón con jurisdicción en el corregimiento de Puerto Jordán, en Arauquita (Arauca). Allí habría recibido 15 millones de pesos a cambio de reducir la ofensiva contra el Frente de Guerra Oriental del ELN.
Años después, en julio de 2025, Pérez Amorocho asumió el mando de una unidad élite con presencia en municipios nariñenses de Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán y San Andrés de Tumaco, además de algunas zonas de Cauca y Valle del Cauca.
Allí nuevamente entabló confianza con grupos armados. En este caso, con el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, con quien pactó el pago de 30 millones de pesos semanales a cambio de alertar sobre los movimientos de la fuerza pública para facilitar el transporte de estupefacientes, armas, municiones y dinero.
Al coronel también se le investiga por haber impedido el avance de las tropas a un punto de intervención específico para que los cabecillas de una estructura armada tuvieran tiempo de escapar en lanchas rápidas antes de ser capturados, durante una ofensiva realizada en Nariño, en abril de 2026.
Al llegar a la zona los militares no encontraron las caletas con estupefacientes y armamento sobre las cuales tenían información porque alcanzaron a ser recogidos por los integrantes del grupo ilegal. Los narcóticos hallados, presuntamente por orden del propio oficial, fueron arrojados al río para recuperarlos posteriormente.
Fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
El coronel fue capturado en el Cantón Norte de Bogotá por orden de la Fiscalía General de la Nación el pasado 20 de agosto. Según los investigadores, el oficial habría actuado durante años bajo el radar de sus superiores, aprovechando posiciones de mando en zonas de alta conflictividad para tejer vínculos con grupos armados. Las zonas de Arauca y Nariño donde operó son corredores estratégicos del narcotráfico y la movilidad de estructuras ilegales.
El caso se suma a investigaciones por corrupción de militares vinculados al ELN y las disidencias de las Farc. La Fiscalía ha intensificado las investigaciones contra uniformados que habrían aprovechado cargos de mando para favorecer organizaciones ilegales en regiones con alta presencia de grupos armados.