La Contraloría General de la República anunció que hará seguimiento fiscal a los contratos que se suscriban bajo la urgencia manifiesta declarada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Cancillería) para garantizar la producción y entrega de pasaportes, en medio de la crisis que enfrenta la expedición en Colombia desde hace varias semanas.
De acuerdo con la información proporcionada en las últimas horas, el organismo de control revisará la necesidad de los bienes y servicios contratados, los precios, los plazos, la capacidad del contratista y el uso de los recursos públicos destinados a atender la emergencia.
Para ello, el contralor general, Jorge Laverde, informó que ya solicitó a la Cancillería y a su Fondo Rotatorio los contratos, los soportes presupuestales, las certificaciones de inventario y los documentos que permitan conocer el avance de la contratación.
“Nuestro objetivo es vigilar que los recursos públicos se utilicen correctamente para garantizar la continuidad en la producción, expedición y entrega de estos documentos a los colombianos dentro y fuera del país.”, señaló Laverde, quien, además, advirtió que la declaratoria de urgencia manifiesta no exime a las entidades de responder por posibles irregularidades en el manejo de los recursos.
La vigilancia también tendrá en cuenta que los contratos de emergencia se limiten a atender las necesidades indispensables para evitar la interrupción del servicio y que respeten las decisiones judiciales.
La Contraloría aseguró que evaluará, además, si es necesario establecer un seguimiento especial a través de su Dirección de Vigilancia Fiscal.
En este momento, el país enfrenta dificultades para asegurar la continuidad del servicio de pasaportes, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera los convenios con Portugal sobre los cuales estaba basado el nuevo modelo de pasaporte, puesto en marcha por el Gobierno de Gustavo Petro.
Ante este escenario, la Cancillería declaró la urgencia manifiesta, la cual le permite acudir a mecanismos de contratación directa para responder a una situación excepcional, sin tener que agotar los procedimientos ordinarios de una licitación pública.
Sin embargo, el contralor insistió en que la salida de emergencia debe ir acompañada de una solución de largo plazo y pidió a la Cancillería avanzar en la estructuración de una licitación pública, con un cronograma y responsables definidos.
“La Cancillería es responsable de garantizar el servicio y avanzar en una solución permanente desde el control fiscal. Vigilaremos el manejo de los recursos sin sustituir sus decisiones administrativas”, concluyó Laverde durante su intervención.
* Con información de Colprensa.