La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió una sentencia contra once exintegrantes del Bloque Oriental de las FARC-EP, tras encontrar pruebas suficientes sobre su participación en múltiples crímenes cometidos durante las tomas guerrilleras de Mitú y Miraflores en 1998.
La decisión se produce más de dos décadas después de los hechos, en el marco de los procesos de justicia transicional.
De acuerdo con el fallo, los condenados fueron hallados responsables de al menos 165 delitos, entre los que se incluyen homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento ilícito de menores y violencia sexual. Estas conductas se registraron en diversas regiones del país, lo que evidencia el alcance territorial de las operaciones del grupo armado en ese momento.
Entre los sentenciados se encuentran Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla; César Díaz Sosa, conocido con el alias Cochebomba, Críspulo Efraín Quiñonez Barreiro; Daniel Zárate Velandia.
Jhon Jairo Ramírez, alias Fuego Verde; así como Berny Derley Ordoñez Castro, Ferney Valverde Fajardo, Marlio Mora Morales, Rodrigo Ducuara Yate, Rahomir Rodríguez Trujillo y Alexander Gómez. Todos deberán responder por su participación dentro de la estructura insurgente.
Uno de los episodios más relevantes analizados en el proceso judicial fue la toma de Mitú, ocurrida en octubre de 1998. Según lo documentado, cerca de 1.500 integrantes del Bloque Oriental participaron en el ataque a la estación de Policía del municipio, en una acción que dejó víctimas mortales entre civiles y uniformados, además de múltiples secuestros de miembros de la Fuerza Pública.
A este hecho se suma la incursión armada en Miraflores, también en 1998, donde fueron atacadas instalaciones oficiales. En ese caso, el resultado fue la muerte de varias personas y la retención de más de un centenar de uniformados. Ambos eventos fueron considerados por el tribunal como acciones de alto impacto dentro del conflicto armado interno.
El fallo también incluyó otros hechos que reflejan la continuidad del accionar delictivo del grupo en diferentes territorios. Entre ellos, se documentó el caso de una menor de 11 años que fue reclutada de manera forzada, sometida a violencia sexual y obligada a abortar durante su permanencia en la organización.
Asimismo, la investigación permitió establecer la desaparición de un integrante de la Policía Nacional en el departamento de Casanare, quien fue retenido por hombres armados y cuyo paradero aún no ha sido esclarecido. Este caso hace parte de los múltiples episodios de desaparición forzada atribuidos a la estructura guerrillera.
Los hechos por los que fueron condenados ocurrieron en departamentos como Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y Amazonas, lo que evidencia la amplitud geográfica de las acciones investigadas dentro del proceso judicial.
Como parte de la sentencia, los once exintegrantes deberán cumplir penas de hasta 480 meses de prisión, además de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales vigentes.