El boletín de movilidad humana de la Defensoría del Pueblo registró una preocupante cifra sobre el aumento de las afectaciones humanitarias en Colombia durante 2026, luego de reportar que entre enero y abril de este año más de 54 mil personas han resultado afectadas por hechos de desplazamiento forzado y confinamiento en diferentes regiones del país.
De acuerdo con el reporte, entre enero y abril se registraron 46 eventos de desplazamiento que impactaron a 8.249 personas, así como 31 casos de confinamiento que restringieron la movilidad de 45.869 ciudadanos.
Solo durante abril se documentaron cinco hechos de desplazamiento y tres de confinamiento, dejando 3.214 personas afectadas.
Los departamentos con mayores reportes por el desplazamiento fueron Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca. En cuanto al confinamiento, Chocó y Putumayo resultaron los más afectados.
La Defensoría señaló que las comunidades étnicas continúan siendo las más vulnerables frente al conflicto armado, ya que entre enero y abril, los desplazamientos afectaron a 13 comunidades afrodescendientes y 11 indígenas. También hubo confinamientos en territorios de 22 comunidades étnicas, de las cuales 16 son indígenas y 6 afrodescendientes.
Frente a las principales causas de desplazamiento y confinamiento, la entidad identificó que prevalecen las amenazas, los homicidios, el reclutamiento de niños y adolescentes y la presencia de minas antipersonales y artefactos explosivos.
Además, se le suman otras causales como los efectos de la crisis climática, especialmente en zonas del Pacífico nariñense afectadas por la erosión costera y en regiones golpeadas por emergencias asociadas a las lluvias.
Según el informe, durante los primeros cuatro meses del año se hizo seguimiento a 23 eventos relacionados con factores ambientales.
Solo en abril, una creciente del río Ocaña, Norte de Santander, provocó desplazamientos y dejó varias veredas incomunicadas. Además, el organismo alertó sobre el riesgo de desplazamiento para 25.541 personas en Antioquia y reportó el desplazamiento de al menos 350 familias por erosión costera en el litoral pacífico nariñense.
“Persisten escenarios de riesgo humanitario en diferentes regiones del país y ha instado a las autoridades nacionales y territoriales a adoptar medidas para prevenir, proteger y atender a las comunidades afectadas, especialmente en contextos de confinamiento, desplazamiento forzado y emergencia climática”, advirtió la Defensoría del Pueblo.
Finalmente, el balance resaltó que las comunidades indígenas y afrodescendientes siguen sufriendo impactos desproporcionados debido al conflicto armado y los factores ambientales, lo que afecta sus derechos fundamentales, su permanencia en el territorio, sus prácticas culturales y sus formas de vida.