En las últimas horas se conoció un nuevo auto proferido por el Consejo Nacional Electoral en el que se ordena la práctica de nuevas pruebas para determinar si existió alguna irregularidad en los ingresos y gastos que se hicieron en la primera y segunda vuelta de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.

De acuerdo con el documento fechado el día 6 de marzo, la autoridad electoral le solicita al Banco de Occidente y a otros entidades financieras las copias de los soportes de consignación realizadas por empresas como la Sociedad Aérea de Ibagué a la Coalición Pacto Histórico.

Dirigentes y el equipo de campaña celebran junto a Gustavo Petro el haber obtenido la mayor votación y que lo llevó a la segunda vuelta de la contienda por la Presidencia de la República.

“Allegar copia íntegra de los soportes de la consignación en cheque realizada por la suma de cuatro mil millones ($4.000.000.000) efectuada el 17 de junio de 2022 en la cuenta de ahorros No. 30381908-0 a nombre de la empresa SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ SAS”, ordena el auto en su Artículo Cuarto.

Igualmente, le solicita a Bancolombia “copia íntegra de los soportes de las consignaciones efectuadas en la cuenta de ahorros No. 108-123978-05 a nombre del ciudadano JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS” por un valor de $200 millones y determinar quiénes fueron las personas naturales o jurídicas que a esa misma cuenta realizaron cinco consignaciones que suman $481 millones entre marzo y agosto del 2022.

Ricardo Roa, quien también es investigado por otros entes de control, fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

La solicitud sobre servicios prestados a la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño se extiende a algunos medios de comunicación, a los que les pide soportes de algunas publicaciones en las que se revelan presuntos ingresos o aportes ilegales a la campaña, como la que habría realizado la Unión Sindical Obrera (USO).

La investigación se originó en una denuncia anónima presentada el pasado 2 de febrero de 2023 y que hace referencia a las presuntas irregularidades en la presentación de los informes. Producto de ello, se conformó una comisión especial integrada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada para adelantar la investigación preliminar.