En días recientes, el Gobierno Nacional publicó el borrador del decreto en el que se propone reprogramar vigencias futuras, instrumento financiero para apalancar proyectos de infraestructura, bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).
Sin embargo, la Cámara Colombiana de la Infraestrucutra (CCI) alertó de que la iniciativa genera dudas sobre la constitucionalidad y legalidad. La razón, según el gremio, es porque no reconoce instancias y procedimientos que son regulados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de APP.
“El borrador de decreto contraría abiertamente el control de advertencia recientemente expedido por el señor contralor general de la República, en el sentido de que las vigencias futuras -pactadas en los contratos de concesión- no pueden modificarse unilateralmente”, alerta la CCI.
De hecho, el presidente de este gremio, Juan Martín Caicedo, hizo énfasis en que las iniciativas públicas de los programas 4G y 5G estarían riesgo en cuanto a su viabilidad financiera. Del mismo modo, lo estarían los recursos de ahorradores que están apalancando la ejecución de decenas de obras, su operación y mantenimiento a lo largo y ancho del país.
Además, habría una afectación en la confianza inversionista en Colombia si el presupuesto llega a ser modificado.
“Cualquier modificación en el presupuesto, sin justificación técnica y legal, va en detrimento del propio Estado, afecta la confianza inversionista, defrauda el principio de transparencia -que debe primar en una relación contractual- y limita, por ende, las posibilidades de generar valor agregado, competitividad y desarrollo económico”, agregó el gremio.
También aseguraron que si se pusiera en práctica el proyecto de decreto, el Estado estaría incumpliendo los contratos ya firmados.
“Modificaciones en las reglas de juego, como lo plantea el proyecto de decreto, generan barreras de entrada para la inversión e inseguridad jurídica”, puntualizó la CCI en su misiva.
La contradicción del Gobierno
Según lo explicado por el presidente Juan Martín Caicedo, dentro del portafolio de iniciativas del Gobierno Nacional que tendrían afectaciones están el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná (ya adjudicada) y la carretera El Estanquillo-Popayán. De hecho, los pliegos de ambos ya fueron publicados.
“Al revisar el borrador de decreto, hay además una contradicción difícil de entender. Tiene que ver con el hecho que dentro del portafolio de iniciativas que se verían afectadas están el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná (ya adjudicada) y la carretera El Estanquillo-Popayán”, constató Caicedo a través de un video difundido en las redes sociales.
Y agregó que: “Paradójicamente, estas son las dos únicas apuestas de este gobierno, hasta ahora, en materia de infraestructura”.