Días atrás, el presidente Abelardo de la Espriella cuestionó las diferentes decisiones judiciales que han frenado sus férreas políticas de seguridad y lucha contra los grupos criminales, como los fallos que frenaron los bombardeos ante el riesgo de presencia de menores de edad y de la decisión que suspendió el plan piloto para iniciar las fumigaciones por aspersión aérea en el Putumayo.
En ese sentido, el gobierno ya habría presentado una impugnación contra el fallo del Juzgado 34 de Familia de Bogotá, el cual permitió la continuidad de los bombardeos militares, pero con condiciones reforzadas cuando existan registros sobre la posible presencia de menores de edad.
De acuerdo con el fallo, la fuerza pública solo adoptará bombardeos “hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias y se determine, conforme a la información disponible y a los protocolos operacionales aplicables, que no existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo perseguido”.
Ahora, con el recurso que habrían presentado la Presidencia de la República y los ministerios de Defensa, Justicia e Interior, las autoridades buscan que el Tribunal Superior de Bogotá revise y revoque las medidas establecidas en el fallo del 16 de septiembre.
En el recurso de impugnación, las entidades gubernamentales sostienen que las Fuerzas Militares ya cuentan con protocolos y procedimientos destinados a reducir los riesgos para los menores durante este tipo de operaciones.
Dentro de los apoyos tendrían fuentes humanas y herramientas tecnológicas de inteligencia que permitirían identificar, con anticipación, quiénes se encuentran en los lugares que podrían ser objeto de una operación con bombardeos.
Además, el Ejecutivo considera que las exigencias establecidas por el juzgado ya estarían contempladas dentro de los protocolos aplicados por las Fuerzas Militares y, por ello, buscan que sean revocadas.
De haberse presentado la impugnación, el expediente sería enviado a la sala competente del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir si mantiene, modifica o revoca las medidas impartidas por el Juzgado 34 de Familia.
Así que, por ahora, el trámite debe seguir el conducto regular, que podría extenderse entre uno y dos meses, aunque el plazo dependerá de la carga judicial y de las actuaciones que se surtan durante la segunda instancia. Posteriormente, el expediente también podría llegar a la Corte Constitucional si es seleccionado para revisión.
Cabe recordar que este caso surgió a raíz de la polémica por la muerte de cuatro menores de edad durante dos bombardeos de las Fuerzas Militares en el Guaviare.