La aerolínea Avianca anunció el inicio de acciones legales formales en Colombia y España contra un pasajero que protagonizó un grave incidente en el vuelo AV10, que cubría la ruta Bogotá-Madrid el pasado 10 de mayo. El individuo, quien al parecer presentaba signos de embriaguez, es señalado de agredir sexualmente a una pasajera, lo que obligó al capitán de la aeronave a retornar a Bogotá.
Tras el aterrizaje en la capital colombiana, el implicado fue detenido por las autoridades competentes. La compañía aérea confirmó que ha interpuesto denuncias penales y una demanda civil por daños y perjuicios, estimando pérdidas económicas superiores a los 40.000 dólares (aproximadamente 150 millones de pesos colombianos). Estos costos se derivan del consumo de combustible, servicios en tierra y la reprogramación del vuelo para los 276 pasajeros afectados.
Alarmante incremento de pasajeros disruptivos en 2026
La situación ocurrida en el vuelo hacia España no es un hecho aislado. Según cifras reveladas por Avianca, en lo que va del año 2026 ya se han registrado 212 incidentes con pasajeros disruptivos, una tendencia preocupante que se suma a los 572 reportes contabilizados durante el 2025.
La aerolínea rechazó categóricamente cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de sus clientes y trabajadores.
Daniel Gallo, presidente del Sindicato de Trabajadores Aéreos de Colombia (Sintratac), advirtió sobre la frecuencia de estos escenarios de alta tensión. “El país no puede seguir aplazando una discusión que hoy afecta directamente la seguridad operacional y la integridad de las tripulaciones”, señaló el vocero, enfatizando que las agresiones y comportamientos sexuales indebidos se han vuelto retos constantes en las labores diarias del sector.
Llamado al Congreso para endurecer sanciones
Ante la gravedad del caso, tanto la aerolínea como los gremios de trabajadores aéreos hicieron un llamado urgente al Congreso de la República para reactivar el trámite del Proyecto de Ley 153 de 2024. Esta iniciativa legislativa busca endurecer las sanciones penales y administrativas, así como crear mecanismos de exclusión que impidan a agresores recurrentes abordar vuelos comerciales en el país.
El gremio aeronáutico lamentó que la propuesta, que ya había sido aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, no haya vuelto a ser agendada para continuar su debate. Los trabajadores insisten en que se necesitan herramientas legales claras para proteger al personal aeronáutico y a los viajeros frente a conductas violentas que ponen en riesgo la tranquilidad y la seguridad aérea a nivel nacional e internacional.
“Quienes trabajamos en el sector aéreo estamos expuestos permanentemente al contacto con cientos de personas todos los días, y necesitamos garantías reales para ejercer nuestra labor de manera segura. No podemos normalizar hechos tan graves como el ocurrido en este vuelo entre Bogotá y Madrid”, aseguran algunos trabajadores.
Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.