En un encuentro llevado a cabo este domingo 22 de febrero de 2026 en la Finca El Pital Kwet Ki’na, con la participación de la Gobernación del Cauca, el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, se alcanzó un acuerdo crucial destinado a garantizar la atención educativa en los territorios ancestrales de esta zona del país.
Este diálogo, más que una mera negociación, representa un giro trascendental en la política educativa frente a un contexto de desafío para los comuneros, quienes ahora luchan por educación y con los grupos armados ilegales que ahora captan a los niños, niñas y adolescentes de los resguardos para llevarlos a lo frente de guerra que hay en el Cauca entre estos actores violentos.
El punto central de esta discusión fue la necesidad de flexibilizar la tasa técnica que tradicionalmente regía la asignación de recursos y personal docente. Se acordó el nombramiento de 114 dinamizadores pedagógicos, conformados por 112 docentes de aula y dos coordinadores, que estaban pendientes de su nombramiento y cuya inclusión es vital, sobre todo teniendo en cuenta las particularidades geográficas y sociales del Cauca, donde ahora la educación es clave para detener la guerra.
Uno de los principales logros de esta reunión fue el reconocimiento explícito del Gobierno Nacional acerca de las limitaciones que presenta aplicar la tasa técnica estándar de manera rígida en zonas marcadas por la violencia y la dispersión geográfica.
Esta nueva postura del Gobierno implica un cambio de mentalidad significativo: el MEN ratificó la aplicación de las circulares 22 de 2020 y 038 de 2024, que permiten establecer una relación docente-estudiante más flexible adaptada a las realidades de los territorios indígenas.
Al aceptar que el Cauca precisa de medidas excepcionales debido al reclutamiento forzado y la dispersión de la población, el Gobierno ha comenzado a ceder en el rigor de la “tasa técnica”, priorizando así la presencia institucional en las escuelas locales.
Este tipo de flexibilidad no solo es innovador, sino que resulta esencial para responder a las demandas educativas de comunidades históricamente marginadas. Para dar cumplimiento a este acuerdo, y como bien lo explicaron periodistas indígenas, se construyó un calendario preciso para la expedición de los actos administrativos necesarios para los nombramientos, garantizando que el proceso no se prolongue indefinidamente.
Según el cronograma acordado:
- 27 de febrero: Expedición de los primeros 25 nombramientos.
- 10 de marzo: Tercera emisión de otros 25 actos administrativos.
- 30 de abril: Los 64 nombramientos restantes, completando un total de 114 educadores.
La implementación de este calendario es fundamental para asegurar la rápida integración de estos dinamizadores pedagógicos en las aulas, lo que se traduce en una mejora inmediata en la calidad de la educación que reciben los estudiantes en la región.
Y es que el acuerdo alcanzado no se limitó únicamente a la inclusión de los docentes de aula; la agenda se amplió para abordar temas adicionales prioritarios. Se fijó para el 23 de febrero un espacio institucional donde se definirá la viabilidad de recursos destinados a la educación de jóvenes y adultos.
Por otro lado, se analizará la propuesta de la Minga para incrementar la participación en la administración de la canasta educativa, pasando del 43 por al 55 por ciento. Una respuesta definitiva sobre este aspecto está programada para el 2 de marzo.
Este aspecto es considerable, ya que la gestión local de los recursos educativos permite que las comunidades tengan una voz activa en la formación de sus jóvenes y adultos, contribuyendo al fortalecimiento cultural y social de la región.
La reunión contó con el respaldo de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, entes que actuarán como garantes del cumplimiento de las fechas estipuladas.
Se espera, entonces, que la firma del acta por parte del gobernador Octavio Guzmán y la Ministra de Educación represente un cambio positivo en el suroccidente colombiano, promoviendo no solo una mejor educación, sino también un futuro de paz y desarrollo sostenible para la región.