Sobre el medio día de este lunes, 22 de abril, salió a la luz el informe sobre prácticas de derechos humanos en distintos países en el 2023, entre ellos, Colombia, presentado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.
Aunque este documento trata, como indica su nombre, sobre los derechos humanos, llamó la atención el apartado ‘Corrupción en el Gobierno’, el cual, en el caso de Colombia, se refirió a las investigaciones que se adelantan en contra de Gustavo Petro y algunos de sus allegados.
En principio, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz.
A ello se complementó que había corrupción dentro del sistema de justicia, y que los ingresos procedentes de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, exacerbaron la corrupción.
Así las cosas, el documento habló precisamente sobre el caso judicial que enfrenta Nicolás Petro, hijo del Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación.
Esta situación fue tildada de ‘Corrupción’ y sobre ella se señaló: “La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro”.
A renglón seguido se mencionó que “la corrupción administrativa en los puertos facilitó el tránsito de drogas ilícitas. Los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas”.
Finalmente, también se indicó que la justicia colombiana también ha investigado a congresistas y altos funcionarios del Gobierno. Y que tienen el reporte de que desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones contra 9 exsenadores, 3 exrepresentantes de la Cámara, que se adelantan 36 investigaciones a 39 exgobernadores, hay 94 investigaciones a 25 gobernadores y 4 investigaciones a exalcaldes.
El informe también hizo referencia a temas relacionados con derechos humanos y las investigaciones que se adelantan en ese sentido, entre ellas, violaciones cometidas por algunos miembros del Estado. Esto, basado en informaciones de oenegés.
“Según la Fiscalía General, en casos relacionados con los más de 1000 asesinatos de defensores de derechos humanos entre enero de 2016 y agosto de 2023, el gobierno había obtenido 166 condenas. Los motivos de los asesinatos variaban y, a menudo, era difícil determinar el motivo principal en casos individuales”, se lee en uno de los párrafos.