El Consejo de Estado anuló en dos fallos diferentes, la elección de dos magistrados: uno de la Corte Constitucional y el otro del Consejo Superior de la Judicatura. Analistas ven con buenos ojos la decisión.

Un paso a la transparencia y hacia la Reforma a la Justicia dio el Consejo de Estado a la hora de decretar las nulidades de Francisco Ricaurte como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y de Alberto Rojas Ríos de la Corte Constitucional. Esa fue la opinión generalizada de diversos sectores, tras las decisiones que tomó el Consejo de Estado al encontrar vicios en el proceso de elección de ambos juristas. Sin duda la decisión más importante es la que tiene que ver con Ricaurte, porque no solo acaba con el fenómeno de “yo te elijo, tú me eliges” que estaba rondando en las Altas Cortes, sino que manda un mensaje muy duro a toda la Rama Judicial para actuar de forma transparente, dejar los favores a un lado y los amiguismos y llevar a cabo esa capacidad de nombrar a los colegas de otras Corporaciones con base en criterios claros. No se trata que el jurista Francisco Ricaurte no sea una persona capacitada, se trata que llegó a la Sala Administrativa de la Judicatura porque lo eligieron los magistrados que él ayudó a elegir en la Corte Suprema de Justicia. Para la propia presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, la decisión es la primera base para una reforma judicial y, en consecuencia, una demostración que no todo necesita una modificación a la Constitución o a la Ley sino un trabajo a conciencia de los llamados a sentar jurisprudencia en el país. Por su parte, la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ, Gloria María Borrero), se trata de un llamado a la probidad, transparencia y lucha contra la inadecuada burocratización de la justicia. “Esta decisión sienta un precedente para acabar con la denominada ‘puerta giratoria’ y el clientelismo judicial en las Altas Cortes”, señaló. A su turno, el constitucionalista Eduardo Cifuentes, estimó que la decisión puede parecer drástica pero que deja lecciones claras a la Rama Judicial. Esto, ya que la Sala Administrativa de la Judicatura no solo maneja el presupuesto de toda la Rama sino que tiene un papel en la conformación de los Tribunales y las Altas Cortes. “Ese proceso que es autónomo tiene que llevarse a cabo con base en principios de transparencia y que no exista duda alguna de conflictos de interés o de favoritismos o de imparcialidad, buscando siempre que los elegibles sean las personas más meritorias. Por consiguiente, la decisión del Consejo de Estado está mandando un mensaje dada la función tan vital como la que cumple la Sala, es decir, toda la integración de la Rama”, señaló. Pero también es un mensaje para la Corte Suprema de Justicia que ahora deberá de nuevo iniciar el proceso para elegir al reemplazo de Ricaurte, a fin que no caiga en el mismo error que tiene, además, con un pie afuera de la Judicatura al magistrado Pedro Munar Cadena, cuya elección también fue demandada por los mismos hechos. De hecho, uno de los demandantes en el caso de Ricaurte, el reconocido jurista Rodrigo Uprimny, señaló que la salida de Munar deberá ser la próxima decisión a tomar por el Consejo de Estado. "La decisión tiene un doble efecto pues resuelve un caso particular y tiene un precedente judicial", precisó el jurista, al ser preguntado por el caso del magistrado Pedro Munar, cuya elección también es estudiada. “Se cerró la puerta para ellos mismos. (…) En este momento las Altas Cortes o especialmente la Corte Suprema de Justicia no está pasando por su mejor momento después de ser muy respetada. Si esto no se hubiera dado, se habría reactivado la cooptación en Colombia", añadió Uprimny en diálogo con Blu Radio. Pero este no es el único caso, el del magistrado Alberto Rojas Ríos en la Corte Constitucional es igual de importante, pues fue una sala de conjueces la que reversó una elección hecha por el propio Consejo de Estado por vulnerar el reglamento. De acuerdo con la magistrada de la Sección Quinta, Lucy Jeanette Bermúdez, única titular de la Sala, cuando se ternó a Rojas Ríos se incurrió en un vicio de procedimiento porque los consejeros anunciaron su voto y se pusieron de pie, cuando el voto debe ser secreto. Ese vicio sacó a Rojas Ríos, quien en todo caso, podrá volver a postularse al cargo. “Él si podría participar en cualquier proceso de selección y elección correspondiente, porque la nulidad afecta el acto de elección, más no afecta a la persona en sí”. Tras la decisión, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Ernesto Vargas, aseguró que respetarán el fallo. “Esa es una sentencia judicial que merece todo el respeto correspondiente de esta Corporación. El doctor Rojas había manifestado en sesiones anteriores que su designación estaba en entre dicho, pero que nadie podía esperar que el fuera a hacer algo que tuviera que ver con la decisión correspondiente”, precisó. Rojas Ríos es el magistrado que tiene a cargo, entre otros temas, la demanda contra el Marco Jurídico para la Paz relacionada con la posibilidad de participar en política de excombatientes. Este caso tiene términos para ser fallada para el próximo mes de julio, por lo que Rojas deberá dejar lista la ponencia y, quien llegue a reemplazarlo en encargo, deberá defender ese texto ante la Sala Plena. Así lo explicó Vargas: “Cuando quede ejecutoriada su sentencia tendrá que hacerse una convocatoria por parte del Consejo de Estado para la confección de una nueva terna que será presentada al Senado de la República, y entre tanto le correspondería a la Corte hacer una provisional mientras se posesiona su reemplazo”.