Un reciente análisis técnico de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales puso sobre la mesa un fenómeno preocupante que viene en aumento en el país: las amenazas, intimidaciones y riesgos contra alcaldes y funcionarios de ciudades capitales.
Y es que, de acuerdo con la Nota Técnica de Coyuntura Institucional, entre enero de 2024 y el 21 de abril de 2026 se han identificado al menos 11 alcaldes de ciudades capitales con registros públicos de amenazas, alertas de atentado o situaciones de riesgo contra su vida.
A esto se suman más de ocho casos adicionales que involucran a funcionarios y equipos de las administraciones locales.
“No se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno con características recurrentes que afecta la gobernabilidad y la capacidad del Estado para ejercer autoridad en los territorios”, indicó Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.
El informe recoge casos en múltiples ciudades, evidenciando que el problema no está focalizado en una sola región, pues se han documentado amenazas directas contra mandatarios en ciudades como Cúcuta, Cartagena y Florencia, así como presuntos planes de atentado en Medellín, Barranquilla y Cali.
No obstante, también se incluyen alertas de riesgo y situaciones controvertidas, como el caso del alcalde de Bogotá.
Pero, además, el informe destaca que, “estos hechos no se concentran en una sola zona, sino que se presentan en capitales del Caribe, la región Andina, el Pacífico, la Amazonía y zonas de frontera”, lo que amplía la preocupación a nivel nacional.
Eso, sin dejar de lado que, el riesgo no se limita únicamente a los alcaldes, pues secretarios de despacho, funcionarios operativos, comisarías de familia y equipos técnicos también han sido blanco de intimidaciones, lo que incrementa el impacto sobre el funcionamiento institucional.
“Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que las amenazas suelen aparecer cuando las alcaldías adoptan decisiones que afectan intereses ilegales, como operativos contra estructuras criminales, control del espacio público, regulación de movilidad y acciones contra economías ilegales como extorsión o microtráfico”, reza el comunicado.
Así, y según el informe, esto sugiere que la intimidación se está utilizando como un mecanismo de presión para influir en decisiones públicas y limitar la acción del Estado en las ciudades.
También se identifican patrones preocupantes, como la extensión de amenazas a las familias de los mandatarios y la presión directa sobre funcionarios que ejercen autoridad en territorio.
Finalmente, el informe advierte que las consecuencias van más allá de la seguridad personal. “La amenaza contra un alcalde capital constituye una afectación directa al mandato democrático, porque busca condicionar la voluntad popular expresada en las urnas”.
Frente a este panorama, el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, advirtió que la situación exige una respuesta articulada.
“Cuando se amenaza a un alcalde o a un funcionario, no solo se intenta intimidar a una persona. Se busca debilitar la autoridad del Estado en el territorio. Por eso, proteger a los gobiernos locales es proteger la democracia”, sostuvo.
El director también hizo un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en medidas concretas: “Se requiere fortalecer los esquemas de protección, mejorar las capacidades de inteligencia y garantizar que las amenazas contra autoridades locales sean investigadas con prioridad y no queden en la impunidad”.