La situación jurídica de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, volvió a generar debate después de su traslado a la cárcel La Picaleña de Ibagué. Mientras algunas voces consideran que la empresaria debe continuar cumpliendo la condena impuesta por la justicia, su nueva abogada, Wendy Herrera, salió en su defensa y aseguró que su representada ha avanzado en un proceso de resocialización.
Herrera cuestionó a quienes, a través de redes sociales, aseguran que Epa Colombia todavía debe “pagar” por los hechos que llevaron a su condena. La jurista recordó que Barrera ya indemnizó a TransMilenio por los daños ocasionados durante los hechos de 2019 y que actualmente cumple la pena impuesta por la justicia.
“Ya pagó, ya indemnizó, ya reparó los daños a Transmilenio”, sostuvo la abogada, quien además afirmó que la empresaria se ha dedicado a generar empleo y oportunidades para otras personas.
Daneidy Barrera cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas, relacionados con los hechos ocurridos durante las protestas de 2019.
La defensa busca su libertad
La abogada explicó que actualmente trabaja junto con un equipo de profesionales del derecho para buscar que Epa Colombia recupere su libertad. Herrera sostuvo que una persona condenada no pierde sus derechos ni su dignidad y que la pena también tiene como propósito la resocialización.
“Estamos trabajando para poder recobrar su libertad”, manifestó la jurista, al insistir en que su defensa continuará utilizando las herramientas jurídicas disponibles para buscar una salida a la situación de Barrera.
La defensora también cuestionó lo que considera diferencias en el trato que reciben algunas personas privadas de la libertad. En sus declaraciones hizo referencia a condenados por delitos contra el patrimonio público que, según afirmó, han obtenido beneficios pese a enfrentar penas elevadas.
Herrera sostuvo que su representada no le robó dinero al Estado y que los daños por los que fue condenada fueron reparados. “Cometió un delito y lo reparó”, afirmó la abogada, quien aseguró que continuará trabajando para obtener su libertad.
El debate tomó fuerza después del traslado de Epa Colombia desde la Escuela de Carabineros de Bogotá al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña.
La reubicación se produjo luego de que se conocieran irregularidades durante el tiempo que Barrera permaneció recluida en Bogotá. Su traslado generó reacciones entre sus seguidores, críticos y personas cercanas a la empresaria.
La defensa ha cuestionado algunos aspectos relacionados con la situación de la empresaria y sostiene que continuará trabajando para garantizar sus derechos mientras permanece privada de la libertad.