Al término de un consejo de seguridad realizado con el alcalde Carlos Fernando Galán y toda la cúpula militar, el presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevas medidas para reforzar y garantizar la seguridad en la capital del país.
En sus declaraciones entregadas este miércoles en el Palacio de Liévano, el jefe de Estado afirmó que el ELN, el Tren de Aragua, Los Ingenieros y la organización El Mesa, son las amenazas de alcance regional, que identificó en medio de esta reunión y luego del megaoperativo realizado en la madrugada.
Ante esto, le dio una orden al director de Migración Colombia para que inicie con la deportación de migrantes venezolanos en condición irregular que se mantienen en el país.
“Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley”, señaló el presidente.
Agregó que “los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación y es la orden que le he dado”.
En sus palabras, es una “situación compleja” que Bogotá tenga más de 148.000 migrantes venezolanos que están en condición irregular, por lo que insistió en una mayor articulación entre el Estado y el distrito.
Sobre las zonas militares
Frente a los anuncios para enfrentar los problemas de seguridad que tiene la capital, el mandatario pidió las primeras “zonas militares” para frenar la expansión de los grupos criminales que operan y amenazan la ciudad.
“Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes. Pero, como les digo, todos sabemos cuáles son los problemas de Bogotá”, dijo de la Espriella.
A esto se suma la necesidad de “reforzar las acciones, especialmente en Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, priorizando la protección de comerciantes y transportadores, que son las víctimas más recurrentes de la extorsión”.
A esto se suma la orden dirigida al Inpec, para que todos los criminales que sean capturados en Bogotá sean trasladados a otras cárceles en el país.
Lo anterior, bajo la premisa de que no solo sigan delinquiendo en las celdas y dando órdenes, sino que además se proteja ante el reclutamiento criminal de los menores, que sigue siendo una preocupación.
Junto al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se definió una hoja de ruta por la seguridad en la capital, en donde se anunció la realización de un consejo de seguridad cada mes en la ciudad “para evaluar el cumplimiento de la estrategia y el desarrollo de la misma, con responsables, plazos y resultados verificados”.
El presidente insistió en la necesidad de volver a Bogotá como una capital segura para todos sus habitantes, cuestionando cómo el gobierno anterior “romantizaba el delito” y no ejecutaba acciones claras en contra de las bandas criminales y el aumento de la inseguridad.
“Aquí la gente está acostumbrada a trabajar, a salir adelante, pero es imposible trabajar con tanta criminalidad y llegó el momento de detener esa pandemia criminal con toda la decisión del Estado en una articulación entre el gobierno nacional, el gobierno del distrito y la Fiscalía General de la Nación con la fuerza pública”, concluyó.
Colprensa y redacción El País