Los argumentos se basan en que se consideran un peligro para la sociedad, en la posible no comparecencia al proceso y porque delitos indilgados superan penas de cuatro años de prisión.

El juez 48 de Garantías, Javier García, dictó este miércoles medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, contra cinco personas implicadas en la millonaria defraudación al sector de la salud.Entre el grupo de cobijados con la medida se encuentran Claudia Patricia Rojas, coordinadora del grupo de Análisis de Recobro del Ministerio de Protección Social; Luis Andrés Ruiz, ex funcionario del Ministerio y quien era el encargado del manejo de la base de datos.Asimismo, Héctor Mauricio Durán, subgerente de cartera de la EPS Sánitas; el ingeniero de sistemas Jhon Carlos Lamus, y Édgar Medina Millán.Estas personas fueron aseguradas por su presunta responsabilidad en la calidad de coautores en los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación en concurso homogéneo, cohecho propio en concurso homogéneo y enriquecimiento ilícito de particulares en concurso homogéneo.Según la decisión judicial, aunque es válido y legal asesorar a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) para los trámites de recobros, no está claro por qué en los correos electrónicos se hablaba de pagos de comisiones a Claudia Patricia Rojas, encargada de autorizar esos pagos.“Hay un desorden en el sistema de salud y eso permite que se presenten actos delictivos como este que tenemos aquí y el cual es gravísimo”, dijo el juez.Agregó que en este caso la función pública fue tergiversada y no hubo deber de lealtad de los funcionarios públicos que cometieron actividades irregulares desde sus cargos.“Aquí les tienen que meter la muela a las EPS, porque si es cierto que se presentaron pagos irregulares, ellos se quedaron con gran parte de lo pagado. Esta es la punta del iceberg, es solo un eslabón y que caiga el que caiga, ministro o ex ministro, presidente o ex presidente”, precisó el Juez de Garantías.El desfalco a la salud, cuya cifra inicial fue calculado en $30.000 millones, pero que podría ser de billones, fue denunciado el lunes por el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos.Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación recordó que desde el año 2010 consideró inviable el pago de recobros del POS y de acciones de Tutela de manera automática y sin verificación del Fosyga. Según el Ministerio Público, esos cobros se hacen a través de cuentas que requerían auditoría para verificar su existencia. Según expertos, este desfalco es un caso sin precedentes en la historia del sistema judicial del país porque combina la participación de funcionarios públicos con particulares.“Se causaron daños grandes al sistema de salud y se contribuyó a la congestión del sistema judicial cuando se generaron miles de tutelas porque no había recursos para medicamentos que son costosos o tratamientos que requieren un equipo especial. Todos van a recibir sanciones penales y ojalá sean ejemplarizantes”, dijo el abogado Eduardo Vásquez.FallasEl ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, reconoció que hay graves falencias en los recobros que se hacen a través del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) porque no hay suficiente regulación y vigilancia. Añadió que losrecobros se volvieron un foco de corrupción y de falta de transparencia por los costos.