Tras la tragedia en la que murieron 12 personas, el daño ambiental persiste. Denuncian amenazas a líderes y comunidad.
Ha pasado un mes largo desde la tragedia de la mina San Antonio, en Santander de Quilichao, y el hueco en el que perecieron doce mineros por cuenta de un derrumbe aún sigue abierto.Cabezas de retroexcavadoras (baldes, con lo que se araña la tierra) abandonadas, mangueras y filtraciones al azar, cúmulos de basura y la aridez de sus alrededores constituyen hoy, 47 días después, el panorama del sitio que fue epicentro de una tragedia que parece ya estar en el olvido.Se convirtió en una zona vetada para la extracción de oro por parte de maquinaria pesada, incluso para los barequeros. Sin embargo, hay quienes siguen asumiendo riesgos y desafiando los controles de los pocos policías presentes en el lugar para seguir buscando el oro que alguna vez convocó a miles de personas en esta mina a cielo abierto.Ahí están Wilson y Ximena, pareja de esposos que a escondidas, como dicen, llegan a San Antonio para arañar las sobras de tierra que aún permanece amontonada a orillas de las aguas desviadas del río Quinamayó. Dejan claro que ya no hay bonanza, que, con suerte, se logra sacar un gramo de oro o menos y que no sucede todos los días. Los más arriesgados, como Walter, cuelan la tierra dentro del hueco donde los 12 mineros encontraron la muerte. Allí, donde el pasado 30 de abril se desprendieron 400.000 metros de tierra, ahora hay un lago formado por las aguas filtradas del río. A veces se ve que salen burbujas del agua y uno cree que son los muertos que lo están asustando a uno. Yo vi cuando los sacaron. No crea, aquí mantenemos intranquilos, no solo por eso, también por la Policía y porque nadie ha dado soluciones para los que vivíamos de esta mina. Hoy no tenemos nada más que hacer, sentencia. De promesas y amenazasUna tensa calma ronda a San Antonio y sus alrededores pues aún no se define quién será el encargado de tapar los huecos dejados por la minería y recuperar nuevamente la tierra.Hoy, el tira y afloje se centra entre los consejos comunitarios y los propietarios de maquinarias y entables de la minería, quienes por su cuenta están tratando de resolver la situación. Dicen líderes de la zona que son ellos mismos los que prohibieron la actividad minera hasta tanto se logre la recuperación ambiental del sector.Los mineros ya pusieron sobre la mesa su propuesta: dejar que continúe la explotación de oro y las ganancias se invertirán en el tapado de los foramenes.Dicen que el Gobierno no tiene plata y nosotros, tampoco. Eso cuesta muchísimo, las cuentas son sencillas: mover toda esa tierra se demora, bajito, un mes, solo drenar el agua filtrada se lleva semana y media. La operación de dos máquinas, trabajando 18 horas, puede costar $3.200.000, sin contar el pago al operario y los ayudantes. Entonces, si nosotros no sacamos oro, ¿cómo pagamos ese trabajo, dice el minero.Frente a la negociación, Alexis Minas Ramos, vocero del consejo comunitario de El Palmar, argumenta que en este tipo de procesos, las instituciones del Estado son lentas. La propuesta es buena, pero no la mejor, y deberemos asumirla si no hay respuestas pronto. Hoy tenemos entendido que solo hay $100 millones destinados para tapar los huecos y eso no alcanza. La batalla por el control en los territorios que se desató después de la tragedia en San Antonio generó sus efectos: hoy, según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin, hay por lo menos 10 líderes afro, campesinos e indígenas, incluyendo algunos de San Antonio, amenazados de muerte por oponerse a la minería. Las intimidaciones provienen, según cuentan, de grupos subversivos.Las amenazas también son para la gente del común. El propietario de una finca en San Antonio, que pide omitir su nombre, cuenta que hemos recibido llamadas anónimas en las que nos exigen que vendamos nuestra propiedad porque está cerca a la veta de oro, ofrecen pagar hasta el doble del valor real. El problema es que quienes se niegan, reciben amenazas de muerte, como nos sucedió a nosotros. No pudimos volver al predio, los animales se están muriendo porque no hay quien entre a alimentarlos. Son varios los propietarios que están pasando por esto y tenemos mucho miedo, nos dicen que no podemos contactar a las autoridades. Y en medio de las tensiones están los familiares de las víctimas que, dicen, aún no reciben atención. Hoy, la familia Carabalí, protagonista de la emergencia porque en ella murieron cinco de sus miembros, tiene ocho niños huérfanos, seis de ellos de padre y madre y hasta ahora solo los estamos apoyando y animando nosotros. Ni el gobierno local, el departamental o el nacional han venido a mirar a ver que requerimos, dice Angelino Carabalí, familiar de las víctimas.Desde el pasado 20 de mayo rige la emergencia ambiental en el Cauca como primer paso para atender la grave situación de minería ilegal en por lo menos 116 puntos del departamento, entre ellos el de San Antonio con el que esperamos trazar una hoja de ruta para recuperar la zona y ejercer mayor control a la minería, explicó el director de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, Luis Albeiro Villaquirán.Pero hasta el momento no se ve nada concreto. Lo único bueno es la unión de las comunidades indígenas, afro y campesinas para hacerle frente común al problema de la minería. Como siempre pasa, se da la tragedia, hay anuncios y no pasa nada, asegura Alfonso Campo, vocero de Acin.