Momentos de pánico y angustia vivieron los caleños el pasado miércoles 10 de junio, cuando las inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, se convirtieron nuevamente en escenario de confrontaciones violentas.
Un grupo de encapuchados, lejos de cualquier ejercicio de protesta social, empleó artefactos explosivos artesanales que terminaron afectando directamente a la población civil, dejando un saldo de daños materiales y graves secuelas emocionales.
El incidente más grave involucró a Luz Marina Arcos Bolaños, de 65 años, y a su nieta de tres años, quienes transitaban cerca del semáforo de Unicentro en un vehículo particular.
Según relató Norman Arango, familiar de las víctimas, una papa bomba estalló debajo del automotor, llenando la cabina de humo y dejando a los ocupantes en estado de shock.
“Gracias a Dios salieron vivas, porque pudo ser mucho peor”, expresó Arango, quien confirmó que la familia se encuentra en proceso de formalizar una denuncia penal ante la Fiscalía para que estos actos no queden en la impunidad.
Ante la recurrencia de estos eventos, el concejal Juan Felipe Murgueitio presentó un derecho de petición formal ante la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali.
El documento exige respuestas claras sobre la capacidad de reacción del Distrito: se solicita el horario exacto en que las autoridades fueron notificadas, los tiempos de respuesta operativa, el número de efectivos desplegados y si se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU).
Asimismo, el cabildante cuestionó si se ha logrado la vinculación de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la identificación y judicialización de los responsables.
Desde la administración distrital, el subsecretario de Movilidad, Luis Fernando Escobar Nieto, calificó los hechos como actos criminales y terroristas, rechazando contundentemente el ataque contra ciudadanos que se desplazaban por la zona.
El funcionario destacó que, pese a la violencia del estallido y los daños materiales en el vehículo, no hubo pérdidas humanas ni lesionados de gravedad, aunque la afectación al sistema de transporte público MÍO y la movilidad en el sur de la ciudad fueron evidentes.
La postura del concejal Murgueitio es tajante: “Lanzar explosivos contra la población civil no es protesta, es terrorismo”. El dirigente advirtió que la situación en la zona de influencia de la universidad ha sido objeto de constantes alertas durante meses, sin que hasta el momento se logren soluciones definitivas.
Por ello, instó a las autoridades locales a no ser permisivas y a la directiva de la Universidad del Valle a tomar un rol más activo para prevenir que espacios de educación sean utilizados como epicentros de violencia.