En la propia portería de la Secretaría de Movilidad de Cali, en el barrio Salomia, y frente a un funcionario de la dependencia que permanece sentado bajo una carpa, el tramitador convence a un conductor que llegó para hacer el curso, y lograr el descuento del 50 % de un comparendo, para que aproveche las ventajas de las oficinas que operan frente al Tránsito.
“Aquí al frente usted paga el mismo 50 % de la multa, pero la ventaja con nosotros es que no hace curso; no se ‘mama’ esas dos horas ahí sentado. Todo es legal y en tres días desaparece el comparendo del sistema (...) Apenas bajen la multa le enviamos al teléfono el certificado”, asegura el hombre mientras hace señas a otra persona para que aborde una pareja que se acerca a la misma sede.
Al cruzar la calle ingresan a un local comercial cuya infraestructura deja ver que otrora fue un sitio en el que se impartieron cursos de tránsito cuando se cumplía el requisito para lograr el 50 % de descuento del valor de la multa.
Ya en el local, solamente escanean la cédula, le toman un par de fotografías, pone la huella en un sistema eléctrico dos veces, paga el 50 % del valor de la multa y en menos de cinco minutos está afuera.
Tal como lo prometieron, el lunes siguiente un mensaje a través de WathsApp confirma que el trámite se hizo con éxito y anexan el certificado del curso de dos horas que nunca hizo.
Llama la atención que el nombre del Centro Integral de Atención (CIA) que aparece en el certificado es distinto al que figura en el local frente a la Secretaría de Movilidad y que la dirección es de un establecimiento en el sur de la ciudad.
No obstante, a través de internet asegura este centro, que cuenta con el aval del Ministerio y la Superintendencia de Transporte, que: “Impartimos cursos de educación vial, con profesionales altamente capacitados, para obtener un certificado que reduce sus comparendos hasta un 50 %, conforme al Artículo 24 de la Ley 1383 de 2010”.
“Son anuncios engañosos”
Frente a la competencia que tiene Movilidad alrededor de sus instalaciones, el secretario Gustavo Orozco indicó que esos anuncios de obtener el 50 % de descuento en los comparendos sin hacer el curso o tumbar las multas “son engañosos”.
“El Código Nacional de Tránsito exige el curso vial para descontar multas, por lo que pagar fuera del sistema sin cumplirlo es irregular. Tal propaganda de “no hacer curso, pero pagar menos” carece de sustento legal y debe denunciarse. De hecho, el propio Centro de Diagnóstico alertó que solo el curso oficial da descuentos legítimos”, explicó el funcionario.
El País consultó sobre esta situación con el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, quien indicó que “efectivamente, para acceder al descuento del 50 % hay que hacer el curso. Si un Centro Integral de Atención está entregando certificados de cursos sin haberlo hecho, está haciendo una acción a todas luces irregular, que le puede generar sanciones, apertura de investigaciones y hasta cierre y cancelación de la habilitación a esos centros”.
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Transporte, en el último año se expidieron en Colombia 60 fallos sancionatorios contra centros de enseñanza, centros de diagnóstico y centros integrales por irregularidades cometidas en la prestación del servicio, de los cuales 7 estaban ubicados en el Valle del Cauca.
Igualmente, conoció este periódico que hay un caso de un CIA en la capital del departamento con apertura de proceso como medida preventiva, de diez que están en la mira en el país, y que hay varias denuncias recibidas contra centros integrales en Cali por irregularidades en la prestación del servicio.
“Inclusive, entre los mismos Centros Integrales de Atención se denuncian; nosotros venimos revisando todos los meses cuáles son esos centros que han hecho más cursos, revisamos si su infraestructura efectivamente da para estar haciendo ese número de cursos que le reportan al Runt y la información que aportan”, detalló el Superintendente.
Agregó que, con el conocimiento que se tiene de las situaciones anómalas que se registran en la capital vallecaucana y otros lugares del país, “se están apretando los anexos técnicos para los homologados que le ayudan a la Superintendencia a hacer la inspección, la vigilancia y el control de los centros de apoyo”.
“Llámense Centro de Reconocimiento de Conductor, donde la gente hace los exámenes para acceder a la licencia; Centros de Enseñanza Automovilística, que son las escuelas de conducción; Centros de Diagnóstico Automotor, donde se hace la revisión técnico-mecánica, o Centros Integral de Atención, que es donde se hace el curso para obtener el descuento del 50 %”, acotó Piñeres.
El País consultó con Diana Carolina Reina, gerente general del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (Cdav), que presta servicios de tránsito a la Secretaría de Movilidad, quien precisó que “no se tiene conocimiento ni evidencia directa sobre la existencia de oficinas que estén realizando descuentos del 50% en comparendos sin que el ciudadano deba efectuar el curso vial correspondiente”.
“No obstante, sí se han presentado oficios formales ante la Superintendencia de Transporte, Ministerio de Transporte y a la Concesión RUNT 2.0, respecto a la existencia de oficinas tramitadoras de licencias de conducción que, estando ubicadas dentro de la jurisdicción de Cali, realizan la expedición de licencias correspondientes a otros municipios”, indicó la Gerente General del Cdav.
Un mercado persa
Pero los cursos que realizan los conductores para la reducción de la mitad del valor de un comparendo no son los únicos trámites en los que la ciudad deja de percibir recursos.
Esa competencia desleal se repite en el trámite para la expedición de licencias de conducción, en los que se supone que el organismo de Tránsito de la ciudad, a través de un convenio con el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, Cdav, tiene el manejo exclusivo de la generación del documento.
Sin embargo, desde comienzos del 2024 han aparecido en la ciudad oficinas paralelas o satélites de organismos de Tránsito de municipios vecinos que, a través de privados, ofrecen el mismo trámite con unos descuentos con los que no puede competir el organismo de Tránsito en la capital vallecaucana.
Un mercado persa con una ‘feria’ de beneficios a través de escuelas de conducción o concesionarios que prometen a los caleños, con vallas publicitarias y anuncios en redes sociales, menores costos y regalos con el único condicionante de aceptar que el documento salga expedido por el organismo de Tránsito de otro municipio.
A cambio se ofrecen desde cupones de descuento en un asadero de pollos en Cali, hasta parlantes gratis, reducción en el precio de la expedición de licencias, días gratis en gimnasios y el 12 % de descuento en la revisión técnico mecánica.
El secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, indicó que son intermediarios no autorizados que compiten de forma desleal con la Secretaría ofreciendo falsos beneficios, violando las tarifas oficiales y la jurisdicción municipal.
“Dichas oficinas ofrecen la posibilidad de que varios trámites se hagan en otros municipios. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2025 el municipio de Dagua (vecino de Cali) aumentó sus licencias emitidas de 206 a 3335 (+1519 %); otros municipios (Ansermanuevo +1024 %, El Cerrito +382 %, Jamundí +117 %) también crecieron exponencialmente”, dijo el Secretario de Movilidad de Cali.
Señaló a renglón seguido que “gran parte de ese tráfico presuntamente se concentra en Cali, donde la tarifa de licencias y tramites va al erario local. Al operar ilegalmente con menores precios, esos gestores captan ingresos que deberían entrar al Municipio. En la práctica, cada trámite ‘pirata’ equivale a un pago de canon oficial que Cali deja de percibir”.
Consultado un experto en temas de movilidad, quien pidió la reserva de su identidad, indicó que esa competencia “no solo es ilegal sino desleal. No tiene ninguna presentación que a Cali traigan infraestructura de otro municipio para establecer desde aquí una conexión IP con el software y las aplicaciones para violar de manera flagrante la jurisdicción local”.
“El CDAV ha advertido que, a través de oficinas tramitadoras ubicadas en Cali, se estarían gestionando mediante terceros trámites relacionados con licencias de conducción asociadas a otros organismos de tránsito, principalmente provenientes de los municipios de Dagua, Florida y Jamundí”, indicó Diana Carolina Reina, gerente general del Cdav.
Agregó que “es importante precisar que esta situación no se atribuye a las administraciones municipales, sino a la actuación de intermediarios y oficinas tramitadoras que estarían realizando estas gestiones dentro de la jurisdicción de Santiago de Cali”.
El dinero que deja percibir la ciudad en los trámites de Tránsito que realizan de manera irregular los establecimientos al rededor de la Secretaría o los privados que vienen para ‘llevarse’ a los caleños para obtener licencias de otros municipios representa una pérdida de recursos para temas viales.
Al respecto, el Superintendente de Transporte fue tajante al asegurar que “no pueden haber oficinas satélites de municipios cercanos a Cali o de municipios del Valle del Cauca funcionando en Cali porque hay que respetar el tema de la jurisdicción y en esto la ley, el Código Nacional de Tránsito, es claro”.
“Lo que también hemos encontrado es que algunos centros de Reconocimiento de Conductor a veces tienen VPN espejo para hacer los exámenes en Cali y mostrar como si la persona estuviera en Jamundí. Eso también lo tenemos investigado con la Superintendencia, porque vamos a hacer el cierre de esos Centros de Reconocimiento de Conductor”, aseguró el funcionario.
Para obtener licencia de conducción es necesario realizar tres pagos: curso de conducción certificado por escuela y pruebas teóricas y prácticas, además de los exámenes médicos y pruebas psicosensométricas.
Sin embargo, algunos centros estarían omitiendo algunas de ellas para bajar costos y ofrecer licencias a menores precios, como lo investiga la Superintendencia.
De acuerdo con la Resolución 3318 del Ministerio de Transporte, explican los expertos en materia de movilidad, en el tema de la revisión técnico mecánica y de escuela de conducción está rotundamente prohibido generar beneficios.
Explica Diana Carolina Reina que “estas ‘escuelas’ al parecer reducen costos ofreciendo promociones que no corresponden al proceso real de formación, debido a que no dictan efectivamente las clases obligatorias”.
“Según lo identificado, utilizarían prácticas irregulares como capturar huellas con parafina o pegamentos, simulando la asistencia del alumno a las clases, lo que les permite evitar costos asociados a la operación del curso, especialmente el pago de instructores y demás recursos requeridos para impartir la formación conforme a la normatividad”, indicó la Gerente General del Cdav.
Lo que se están llevando a través de privados hacia otros municipios son recursos que se destinan a mejorar la seguridad vial, a procesos logísticos en casos de accidentes y al pago de agentes de tránsito. Es decir, cuando se hace el trámite a través de otro municipio, no es ese municipio el que atiende la víctima en caso de accidente sino la ciudad de Cali.
De acuerdo con la proyección de emisión de licencias de conducción con vencimiento en el año 2025, según datos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, el Distrito de Cali dejó de percibir aproximadamente $1.406 millones debido a estas prácticas.
“Esta disminución no solo representa una afectación económica, sino que también limita la capacidad institucional para mejorar la atención al ciudadano y garantizar la eficiencia del servicio, al reducir los recursos que se reinvierten directamente en la ciudad para el fortalecimiento de la gestión de movilidad, la seguridad vial, la modernización tecnológica y demás acciones orientadas al bienestar de los caleños”, concluyó Diana Carolina Reina.