La posibilidad de instalar un centro de atención para habitantes de calle en el barrio San Nicolás, en el centro de Cali, ha comenzado a despertar grandes inquietudes entre comerciantes, residentes y representantes de la comunidad.
Y es que, mientras la Administración Distrital avanza en la búsqueda de un espacio amplio que permita atender a esta población, quienes viven y trabajan en el sector piden conocer los alcances de la iniciativa y solicitan que se consideren otras alternativas.
De acuerdo con la Secretaría de Participación Ciudadana, la propuesta contempla encontrar una bodega o un inmueble de grandes dimensiones en San Nicolás, con capacidad para recibir al mayor número posible de habitantes de calle.
El proyecto contaría con el acompañamiento de una organización no gubernamental (ONG) que tiene experiencia en este tipo de procesos.
La iniciativa también incluiría atención clínica especializada, con el propósito de avanzar en la recuperación de personas que requieren acompañamiento por consumo de sustancias psicoactivas y otras problemáticas asociadas a su permanencia en las calles.
Así, y según las estimaciones mencionadas por la Alcaldía de Cali, la iniciativa podría involucrar a cerca de 10.000 habitantes de calle en la ciudad. Sin embargo, su atención y permanencia en este espacio serían de carácter voluntario, lo que al llamado a estos supondría un reto.
“No es posible obligar a estas personas a ingresar a un centro de atención, pues se trata de una población vulnerable y protegida constitucionalmente. Esto supone un reto para la implementación de la estrategia, que busca ofrecer alternativas de atención más allá de las medidas habituales”, aseguró la secretaria de Participación Ciudadana, Juana Cataño.
Sin embargo, y lejos de criticar la iniciativa, muchos ciudadanos se han mostrado inconformes con el lugar que pretenden escoger para esta iniciativa.
Y es que uno de los principales motivos de inconformidad es que, en San Nicolás, ya hay presencia de un centro de reclusión transitoria, cuya permanencia, según los testimonios de los vecinos, se ha extendido durante aproximadamente siete años.
Por ello, los comerciantes aseguran que el funcionamiento de esta infraestructura ha estado acompañado de cierres viales, dificultades para desarrollar sus actividades e inquietudes relacionadas con la seguridad.
De hecho, William Blandón, propietario de un inmueble en la zona, manifestó que comprende la necesidad de atender a los habitantes de calle, pero considera que la Administración también debe escuchar a quienes residen y trabajan en el barrio.
“Como ciudadano caleño, uno entiende la problemática con los habitantes de la calle. Pero digamos, en este caso, la Alcaldía también debería entendernos a nosotros como residentes del sector. La posible llegada de un nuevo centro podría agravar las dificultades que ya enfrenta el entorno de la carrera quinta con calles 21 y 22″, expresó el residente sobre un corredor que considera importante para la actividad comercial y residencial de San Nicolás.
Una preocupación similar expresó Marisa Muriel Hernández, quien rechazó la posibilidad de sumar otra infraestructura de atención o permanencia de población vulnerable en el sector mientras continúan, según su relato, los problemas asociados al centro de reclusión transitoria.
La comerciante señaló que la actividad económica se ha visto afectada y manifestó su inquietud por los episodios de inseguridad que, de acuerdo con su testimonio, se presentan en la zona.
“Eso sería algo totalmente perjudicial para la comunidad. Cuando los detenidos se vuelan, esto se vuelve un caos; el comercio se ha apagado totalmente, la carrera 21 está cerrada desde hace 7 años, entonces eso sería algo totalmente perjudicial para la comunidad. Ahora, si tienen esa bodega de la 26, vacía, ¿por qué no piensan en llevarse esa gente para allá? O llévesela a un retiro, qué sé yo, un pueblo bien retirado, lejos de la comunidad, donde uno pueda ejercer su trabajo normal y pueda vivir tranquilo, porque eso es una zozobra constante”, afirmó Muriel, quien insistió en la necesidad de encontrar una solución que permita a los comerciantes trabajar y a los residentes recuperar la tranquilidad.
De igual manera, para Fernando Alfonso Infante, vecino del sector, la discusión no debería centrarse únicamente en la necesidad de habilitar un lugar para la atención de habitantes de calle, sino también en la selección de una ubicación que no incremente las dificultades de las comunidades cercanas.
“Es inaudito que vayan a traer esos centros para acá. Aquí hay cartoneras donde mantienen día y noche haciendo daños, llevándose las cajas, los contadores”, señaló el ciudadano.
Por su parte, desde la Junta de Acción Comunal de San Nicolás, se explicó que la comunidad teme que una solución planteada inicialmente como temporal termine convirtiéndose en una situación permanente, como considera que ha ocurrido con el centro de reclusión transitoria.
Por ello, se pidió que se evalúe el traslado de este tipo de instalaciones a lugares que ofrezcan condiciones adecuadas y estén menos expuestos a zonas residenciales.
Entre las alternativas que proponen estudiar, se encuentran las antiguas bodegas del ferrocarril ubicadas en la calle 20, entre las carreras 25 y 26, un inmueble que, según se indicó, lleva más de dos décadas en desuso.