Este martes se firmará en Cali el Pacto por el cumplimiento de la Política Pública de Víctimas. 

Los alcaldes de los 42 municipios del Valle del Cauca, así como la Gobernación del Departamento, ratificarán su voluntad de cumplir con lo que ordenan la Ley 1448 del 2011, los decretos Ley y las demás normativas que conforman la Política Pública de Víctimas, los cuales dictan las medidas de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a esta población.

“Este pacto también será firmado por la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Mesa Departamental de Participación Efectiva de las Víctimas, en cabeza de su coordinador”, explicó el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, quien estará presente en dicha firma.

“A través de este acto, buscamos manifestar toda la entrega y disposición para garantizar los derechos de quienes han sufrido por cuenta del conflicto armado”, agregó el funcionario.

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El acto oficial de suscripción del pacto se realizará a partir de las 10:00 de la mañana, en el hotel Sheraton Four Points, donde después tendrá lugar el primer Comité de Justicia Territorial Ampliado del Valle del Cauca de este año, escenario en el que se hace seguimiento al cumplimiento de la Política Pública de Víctimas en cada ente territorial.

El Valle del Cauca es el segundo departamento del país en cuanto a número de personas afectadas por el conflicto, luego de Antioquia. En este territorio se estima que el 11,6% de la población es víctima del conflicto armado, es decir, 517.193 personas.

Las ciudades del Valle con mayor proporción de población víctima del conflicto son: Cali (174.025 personas, el 7,8% de sus habitantes) y Buenaventura (161.780 personas, el 52,5% de los pobladores). En ambas ciudades, la Unidad tiene Centros Regionales de atención a Víctimas, mientras que en Palmira, Cartago, Buga y Tuluá operan puntos de atención.

En lo que va corrido de la vigencia de la Ley de Víctimas, en este departamento han sido entregados $485.767 millones en asistencia humanitaria, a través de 693.992 giros hechos a personas o familias víctimas que requieren mitigar carencias de alojamiento temporal o alimentación básica, y han sido entregadas indemnizaciones a 43.963 personas, por recursos que suman $330.226 millones.