El Icbf dice que a nivel nacional fueron cancelados más de 500 contratos con fundaciones por no cumplir con estándares adecuados en salud y nutrición.
Un grupo de madres comunitarias adelantan desde el jueves protestas a nivel nacional alegando la cancelación de contratos de una fundación con el Icbf.
En Cali, las manifestantes se tomaron la Gobernación del Valle y la sede regional del Icbf.
También, la protesta llegó a la sede regional del Icbf en Bogotá, encabezada por la madre comunitaria Diana cano, quien junto a 80 mujeres viajaron a la capital para buscar una respuesta por parte de la fundación. Cano asegura que "se les han vulnerado sus derechos".
Según Cano, ellas han realizado una "excelente labor en las zonas más vulnerables de la ciudad. Somos los encargados de velar por la seguridad, protección y el respeto de los niños".
Coomacovalle (Cooperativa Multiactiva de Madres Comunitarias del Valle) es una organización creada por madres comunitarias hace más de 15 años, a la cual se le ha cancelado su licitación con el Icbf.
Sin embargo, la vocera de madres afectadas declara que la organización solo les pasó un comunicado donde se les informaba que su contrato no sería renovado debido a "una serie de errores a nivel de la supervisión de los estándares".
Pero de acuerdo con Cano, nunca hubo una explicación al respecto.
El director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Jhon Arley Murillo, indicó que en el transcurso del 2015 se realizó un estudio exhaustivo a nivel nacional para determinar si las fundaciones u operadores estaban cumpliendo con los estándares de calidad solicitados por el instituto.
"Ya tenemos identificadas una serie de fundaciones y operadores que no cuentan con concepto favorable para ser contratadas", dijo Murillo.
Coomacovalle es una de esas organizaciones, que de acuerdo con el director regional no podrá renovar su contrato pues no cumple con los estánderes de calidad exigidos por el Icbf.
A pesar del resultado, el director regional garantiza que "las madres comunitarias tienen asegurada su estabilidad y su continuidad", ya que independientemente de la entidad que administre los contratos seguirán laborando en las fundaciones que sean reasignadas.
Las organizaciones prestadoras del servicio fueron evaluadas sobre 4 y la calificación que deben de obtener las entidades es de 3.5 para mantener su contrato con el Icbf.
Hasta el momento, son más de 500 fundaciones a nivel nacional las que no han obtenido el puntaje necesario para permanecer vinculadas a la organización. El Valle cuenta con 60 instituciones a las que se les ha revocado su contrato.
De acuerdo con Jhon Arley Murillo, desde la llegada de Cristina Plazas como directora del Icbf existe una revisión mucho más minuciosa a estos procesos. "Actualmente hay más personal y esto nos ayuda a llevar a cabo más visitas y así podemos detectar fallas e irregularidades".
Según los estudios efectuados, las irregularidades más comunes tienen que ver con los temas de salud y nutrición. Se denuncia una constante violación por parte del operador en cuanto a las porciones de la comida y no siempre las vacunas están al día.