La Sociedad de Activos Especiales hizo el desalojo y posterior recuperación de un predio en Pance, al sur de Cali, debido a su vinculación con el capo Darío Echeverry Monsalve.
En dicho inmueble funcionaba un reconocido vivero, pero en realidad se demostró que era una propiedad adquirida con dineros ilícitos, que está avaluada en $4.078 millones.
“Este inmueble se encontraba ocupado de manera irregular desde 2005. La medida de embargo fue inscrita ese mismo año y, posteriormente, en 2018 se profirió la sentencia de extinción de dominio que hoy permite su recuperación“, dijo Catalina Serrano, directora para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos de la SAE.
El predio tiene 3956 metros cuadrados y, luego de su recuperación, se tiene pensado que sea destinado a acciones en pro de las comunidades.
Al recordar al capo al que pertenecía este inmueble, se puede decir que fue capturado en 1999 tras haber comprobado su participación en narcotráfico. Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos.
A Echeverry Monsalve se le acusaba de liderar una organización dedicada al transporte de cocaína con base de operaciones en Tumaco, Nariño.
¿Qué pasará con el predio?
La SAE decidió destinar este espacio al Colectivo Justicia Racial, una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la defensa de los derechos humanos, con énfasis en el acompañamiento de personas que han sido víctimas del Estado.
“Este espacio se proyecta como un lugar para documentar las afectaciones que han tenido las políticas de drogas en muchas comunidades del país, un tema que históricamente ha estado poco investigado. Queremos que también sea un escenario para la memoria, el diálogo y la generación de oportunidades para las víctimas“, reveló Camila Mosquera, representante legal del Colectivo Justicia Racial.
La recuperación de este predio hace parte de una serie de allanamientos en Bogotá, Medellín y Cali, que tenían como objetivo recuperar bienes adquiridos con dineros ilegales del capo anteriormente mencionado.
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Hallazgos fiscales por $8.839 millones hizo la Contraloría General de la República en la administración de los bienes a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entre 2023 y el primer semestre de 2025.
Deficiencias en la administración de bienes y en la ejecución de desalojos, insuficiencia de controles en los mecanismos de seguimiento a los depositarios y debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo de inventarios, son algunas de las irregularidades encontradas.
En total, fueron 22 los hallazgos de la Contraloría, entre los cuales están 11 con incidencia fiscal y 17 con presunta incidencia disciplinaria.
Se evidenció, por ejemplo, el incumplimiento sistemático de los lineamientos que existen para la ejecución de desalojos de inmuebles.
Hubo también deficiencias en el seguimiento y control de los contratos de arrendamiento de los inmuebles y falta de control a los depositarios.
Se encontraron contratos vigentes sin pólizas exigidas, subarriendos no autorizados, descuentos improcedentes y falta de control sobre reparaciones y obligaciones del arrendatario.