La Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cali, en decisión del pasado 19 de agosto, y atendiendo una segunda solicitud de desacato por el incumplimiento a una sentencia de tutela del 14 de marzo de 2025, ordenó el arresto y el pago de millonarias multas a los integrantes de la Junta Directiva de la Unión Sindical Emcali (USE).
Ya el 8 de abril del 2025 se había dado apertura a un primer desacato y el 29 de abril de ese año se sancionó con 8 días de arresto y multa de 10 salarios mínimos a Harold Viáfara, quien era entonces el presidente del sindicato USE.
Ahora la medida cobija con 1 mes de arresto al sucesor al frente del sindicato, José Arday Carmona, y una multa de 1600 Unidades de Valor Básico (UVB), cerca de $20 millones.
También sanciona a José Luis Solano, fiscal del sindicato; Edgardo José Gómez, tesorero, y Carlos Arturo González, vocero designado por la Asamblea General de Delegados, con arresto por el término de veinte (20) días cada uno y una multa equivalente a 1100 UVB de 2026 ($13.321.000).
El juez reiteró la orden de diciembre del 2025 de remitir copias del expediente a la Fiscalía General en contra de los sancionados y contra Harold Viáfara González, quien presidió el sindicato USE hasta el 30 de noviembre de 2025, para que inicie las indagaciones por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y fraude a resolución judicial por presunto ocultamiento, alteración o destrucción de elemento probatorio.
Los hechos se originan en un proceso jurídico por supuestos malos manejos de los dineros de los afiliados por parte de las directivas de la Unión Sindical, y que luego de decretarse una inspección judicial a la sede de la entidad, se habría reportado por parte de los directivos de USE presuntas inundaciones que destruyeron los documentos soporte del manejo económico.
Lo inexplicable para ente judicial es que las supuestas inundaciones del 12 y 13 de febrero del 2025, y otra más el 15 de mayo del mismo año, dejó intactos los archivos desde el 2009 hasta el 2022, y solo destruyó la información que venía manejando la actual junta directiva entre 2023 y 2025, la que estaba siendo objeto de inspección en el proceso judicial.
Ya una sentencia de tutela había ordenado el 14 de marzo del 2025 a la Unión Sindical Emcali (USE), al Juzgado 20 Laboral del Circuito de Cali y a EMCALI informar en un término de 48 horas cuánto dinero recibió el sindicato USE desde que el Juez 20 Laboral de Cali libró una medida cautelar en su favor el 13 de septiembre de 2023 y, en cumplimiento de dicha medida, entregar el reporte de gastos y los soportes de los mismos.
La respuesta de USE, a través del fiscal de la organización, José Luís Solano, fue solicitar en julio del 2025 la nulidad de la providencia por considerar que vulneraba “los derechos al debido proceso, la contradicción, defensa, autonomía sindical, hábeas data y la Constitución Nacional”.
Sin embargo, entregaron parte de la documentación y ante la insistencia en los requerimientos judiciales a los directivos de USE, surgió la noticia que impedía entregar todo soporte contable y que antes no había sido mencionada por ninguno de los procesados: “un evento de fuerza mayor ocurrido en la sede del sindicato”, según el documento el poder de El País.
“La edificación donde funciona la sede sindical de USE fue afectada por un aguacero de intensidad excepcional, asociado a la ola de lluvias que ha impactado fuertemente a la ciudad de Cali en los años 2024 y parte inicial del 2025″, respondió USE.
Y detalló a continuación que las lluvias generaron: “filtraciones estructurales en el área destinada al archivo, colapso parcial de la bodega donde se almacenaban los soportes contables anteriores al proceso de digitalización y la pérdida irreversible de documentos soportes contables que, por su antigüedad, aún reposaban en soporte físico”.
Se ordenaron inspecciones judiciales a la sede en compañía de la Defensa Civil, Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos de Cali y ninguno de los organismos tenía conocimiento de las inundaciones en la sede de la Unión sindical.
El análisis forense a los videos grabados supuestamente pro el personal de seguridad del edificio también muestra que las fechas de las imágenes no coinciden con la de las supuestas inundaciones que destruyeron todo el soporte contable de los gastos del sindicato USE.
Tampoco fue reportado el incidente a la Asamblea de Delegados, ni a Dian, ni al Ministerio de Trabajo, ni reconstruyeron la información contable. Lo único claro, según el documento, es que entre septiembre de 2023 y abril de 2025, la Unión Sindical Emcali (USE) recibió de Emcali, vía Juzgado 20 Laboral del Circuito, la suma de $3.579 millones.
Advierte la decisión en los numerales 6 y 7 que, “sin perjuicio de lo anterior, deben dar cumplimiento a la decisión judicial impartida en el fallo de tutela” inicial y que la providencia “en su primera copia presta MÉRITO EJECUTIVO para el recaudo de los dineros a que se ha hecho referencia, declarando que su recaudo es competencia de la jurisdicción coactiva del Consejo Superior de la Judicatura”.
Finalmente, la decisión remite las actuaciones del proceso a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para surtir el grado de consulta, por lo que no se contempla aún como un fallo penal y presta mérito ejecutivo para cobro coactivo del Consejo Superior de la Judicatura.
“Una vez se encuentre en firme la presente decisión, oficiar al comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a fin de que determine el centro de reclusión en donde los sancionados cumplirán con la medida de arresto y al Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia”, concluye la decisión.