La Fiscalía General de la Nación retiró la audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento que estaba prevista contra la presidenta del Concejo de Cali, Daniella Plaza, y el vicepresidente de la corporación, Rafael Andrés Escobar, dentro de la investigación por el proceso de elección del contralor distrital. Así lo informó este lunes el abogado de ambos funcionarios, Julián Quintana Torres.
Según el jurista, la decisión fue comunicada por la Fiscalía y la judicatura, que además notificaron que el expediente será remitido a Bogotá con el fin de unificar las investigaciones relacionadas con este caso.
Quintana explicó que, de acuerdo con la información recibida por la defensa, la Fiscalía realizó un análisis técnico y jurídico en el que participaron varios fiscales, la fiscal del caso y el vicefiscal. Señaló que, como resultado de ese ejercicio, el ente investigador concluyó que era necesario concentrar las actuaciones en un solo despacho para evitar decisiones contradictorias frente a otras investigaciones que avanzan sobre los mismos hechos.
“Lo que hace la Fiscalía es unificar las investigaciones y toda se va para Bogotá”, afirmó el abogado, quien sostuvo que esta decisión deja sin efecto, por ahora, la diligencia judicial que estaba programada para esta semana contra sus representados.
Durante su pronunciamiento, Quintana aseguró que la actual mesa directiva del Concejo no incurrió en irregularidades durante el proceso de elección del contralor, sino que adelantó actuaciones para corregir presuntas inconsistencias que, según dijo, se habrían presentado durante el proceso liderado por la mesa directiva de 2025.
El abogado también manifestó que esa mesa directiva es objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, por presuntas irregularidades relacionadas con el concurso para la elección del contralor distrital. En ese sentido, indicó que la defensa solicitará celeridad en las actuaciones para que las autoridades definan la situación jurídica de los procesos que permanecen en curso.
Hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado públicamente sobre la cancelación de la audiencia de imputación ni sobre el traslado de las investigaciones a Bogotá.
En su declaración, Quintana sostuvo que la decisión representa un cambio en el rumbo de la investigación, al considerar que la unificación de los expedientes permitirá que las autoridades analicen de manera conjunta las actuaciones adelantadas durante las distintas etapas del proceso de elección del contralor distrital.
El abogado insistió en que sus representados actuaron en cumplimiento de las observaciones formuladas por las autoridades sobre el concurso y rechazó que las decisiones adoptadas por la actual mesa directiva hayan tenido como propósito favorecer a algún aspirante. Según afirmó, las actuaciones buscaban corregir presuntas irregularidades advertidas en el proceso que venía desarrollándose.
Finalmente, la defensa señaló que permanecerá atenta al avance de las investigaciones una vez el expediente sea asumido en Bogotá y reiteró que colaborará con las autoridades en el desarrollo del proceso. Asimismo, expresó su expectativa de que las decisiones que adopte la Fiscalía permitan esclarecer de manera definitiva las controversias surgidas alrededor de la elección del contralor distrital.