Los disturbios en inmediaciones de la Universidad del Valle dejaron de ser hechos excepcionales para convertirse en una problemática recurrente que afecta la movilidad, el transporte público, la actividad económica, la prestación de servicios y la vida cotidiana de miles de caleños. Así lo plantea una investigación de 36 páginas elaborada durante más de diez meses por el concejal de Cali Juan Felipe Murgueitio.
El documento, titulado ‘30 años de tropel: ¿por qué Cali no ha podido resolver los disturbios en el sur de la ciudad?’, fue construido a partir de derechos de petición, revisión de fuentes secundarias, entrevistas a expertos, funcionarios públicos y actores relacionados con la problemática, además de trabajo de campo en el campus y sus alrededores.
Pero uno de los principales hallazgos de la investigación está en las respuestas entregadas por las propias instituciones sobre un punto que durante años ha generado discusión: el alcance de la autonomía universitaria y la posibilidad de que la Fuerza Pública ingrese al campus de la Universidad del Valle cuando se presentan hechos de violencia.
La respuesta de Univalle
En una respuesta a un derecho de petición con fecha del 23 de abril de 2026, la universidad señala que reconoce la existencia y la gravedad de estos hechos, pero enfatiza en que la investigación criminal, el control del orden público y la judicialización corresponden principalmente a las autoridades competentes.
La institución sostiene que los hechos violentos son protagonizados por “actores ajenos” que utilizan el entorno universitario para adelantar acciones violentas.
Al mismo tiempo, señala que cuenta con una hoja de ruta para atender aspectos relacionados con infraestructura, vigilancia y seguridad física.
Univalle informó que este plan incluye controles de acceso y regulación peatonal, la instalación y adecuación de 185 luminarias, 90 postes y 115 reflectores en zonas comunes del campus.
También reportó controles de acceso vehicular mediante reconocimiento de placas y un refuerzo a mediano plazo con sistemas de doble validación, incluida la biometría.
Además, indicó que se implementan dispositivos electrónicos para vigilancia, alarma, monitoreo y control de acceso, y que fue creado un comité asesor de convivencia, cultura de paz, seguridad y vigilancia.
Entre 2024 y 2026, según la información recopilada en el informe, el centro de educación superior reportó una inversión de $ 154.999.115 para la implementación de sistemas de doble verificación para el control de acceso, incluyendo reconocimiento facial, validación mediante huella dactilar y radares.
Pero la respuesta que adquiere mayor relevancia dentro de la investigación es la relacionada con la autonomía universitaria.
Univalle señala: “La autonomía universitaria no es un derecho absoluto frente al deber del Estado de proteger la vida”.
En los puntos 15 y 16 de la respuesta al derecho de petición, con fecha del 23 de abril de 2026, la universidad indica que acata lo establecido en la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía, específicamente en su artículo 163, “que autoriza el ingreso de la Policía a inmuebles sin orden escrita en casos de flagrancia o de imperiosa necesidad”.
En ese sentido, la institución precisa que la autonomía universitaria no es un derecho absoluto frente al deber del Estado de proteger la vida.
En el punto 16, Univalle agrega que “la Fuerza Pública no necesita autorización de la Dirección Universitaria para permitir el ingreso a los campos en casos de flagrancia o en cumplimiento de una orde judicial. La autonomía universitaria garantiza la independencia académica y administrativa, pero no convierte los campus en zonas de extraterritorialidad jurídica frente al alcance de la ley penal”.
La respuesta de la Policía
El informe contrasta esta posición con la respuesta entregada por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali a otro derecho de petición presentado por el concejal Murgueitio, con fecha del 14 de abril de 2026.
En ese documento, de cuatro páginas, la Policía reconoce que ha identificado situaciones en las que personas involucradas en disturbios se repliegan al interior del campus de Univalle. Sin embargo, señala que su capacidad de actuación está condicionada por el principio de autonomía universitaria.
La institución respondió que “el ingreso de la Fuerza Pública a instalaciones universitarias no constituye una actuación autónoma y se encuentra condicionado bajo el marco constitucional y legal vigente, en particular al respecto de la autonomía universitaria”.
Un fenómeno recurrente
La investigación caracteriza los disturbios a partir de cuatro elementos principales: su comportamiento recurrente y previsible, la concentración territorial en el corredor de la Carrera 100 con Calle 13, la participación reiterada de un grupo reducido de personas y las manifestaciones sistemáticas de violencia.
Según los datos recopilados, durante 2025 se registraron al menos quince eventos con afectaciones al orden público, la movilidad y bienes públicos y privados. Entre enero y junio de 2026, el informe registra otros trece eventos.
El documento señala que entre enero y octubre de 2025 esos hechos generaron 185 horas de afectaciones parciales en la operación del sistema de transporte masivo, según información de Metrocali, representando casi ocho días completos de afectaciones acumuladas al funcionamiento del MÍO.
La investigación también señala que entre 2004 y 2026 (Sin contar el Paro Nacional) se registraron 21 casos de vandalismo o quema de infraestructura y bienes relacionados con el sector del transporte, entre ellos buses y estaciones del MÍO.
“De acuerdo con información recopilada en entrevistas realizadas a funcionarios de Metrocali, el valor de este tipo de vehículos puede rondar entre los $ 800 millones y los $ 2200 millones, dependiendo del tipo de bus”, se lee.
En el texto se explica que los hechos de vandalismo al interior de la Universidad del Valle el 18 de septiembre de 2025 dejaron activos afectados por un valor de $ 112.000 millones.
Aunque la póliza de seguros cubrió la mayor parte de las pérdidas (85 %), el saldo restante tuvo que salir del presupuesto de inversión del centro de educación superior. “Es decir, el dinero que debía destinarse a mejorar la infraestructura, fortalecer la investigación o beneficiar a los estudiantes terminó utilizándose para reparar los destrozos provocados por los violentos”.
Estos sucesos han estado acompañados por enfrentamientos con la Fuerza Pública y el uso de artefactos explosivos de fabricación artesanal, conocidos como ‘papas bomba’.
Uno de los hechos señalados ocurrió el 26 de febrero de 2026, cuando uno de estos artefactos fue detonado al interior del campus durante labores de evacuación, afectando a varios trabajadores de la institución.
Horas después, según el documento, personal de vigilancia fue víctima de otra detonación mientras adelantaba labores en la Avenida Pasoancho, cuando un vehículo pisó uno de estos dispositivos que había sido abandonado.
¿Quiénes participan?
Otro de los hallazgos planteados en la investigación está relacionado con la dificultad para identificar a quienes participan en los disturbios: se señala que existe una participación recurrente de un grupo reducido de personas que ocultan su identidad mediante capuchas y otros elementos.
La información recopilada indica que algunos de los involucrados se desplazan entre el espacio público y las instituciones universitarias. Sin embargo, la propia investigación advierte que la evidencia disponible no permite establecer en todos los casos su identidad ni su vinculación con algún grupo al margen de la ley que opere en esta parte del país.
En materia de videovigilancia, el documento señala que, a corte de octubre de 2025, la Universidad del Valle contaba con 43 cámaras operativas y 4 fuera de servicio. Según el informe, si estos dispositivos tuvieran que abarcar la totalidad del campus, cada uno debería cubrir en promedio más de 23.000 metros cuadrados, lo que considera insuficiente para garantizar una cobertura efectiva.
La respuesta del rector de la Universidad del Valle:
Tras conocer la respuesta de la Universidad del Valle al derecho de petición presentado por el concejal Juan Felipe Murgueitio, El País consultó al rector de esa institución, Guillermo Murillo, teniendo en cuenta que la contestación al documento no fue entregada directamente por él.
Una de las preguntas estuvo relacionada con las circunstancias concretas en las que la flagrancia permitiría el ingreso de la Fuerza Pública al campus.
El rector señaló que “la Universidad del Valle es una institución de carácter departamental y correspondería al Consejo Superior autorizar ese ingreso una vez conocidas las razones por las cuales se solicita”.
También precisó que “la Rectoría no tiene funciones de orden público, solo académico administrativas”.
Sobre la flagrancia, explicó que es la situación en la que una persona “es sorprendida en el acto de cometer un delito o de manera inmediata después”, lo que permite a la Policía realizar una detención sin orden judicial.
Murillo agregó que, para proceder, “debe cumplir los requisitos que señala la ley”, entre ellos la individualización de la persona que habría cometido el hecho y su aprehensión “dentro de circunstancias de proporcionalidad y respeto por la integridad de otras personas no comprometidas”.
El rector añadió: “Como lo he expresado reiteradamente ante los medios de comunicación, los disturbios no se suceden al interior de la universidad, sino en sus calles aledañas, y la comunidad universitaria es la primera víctima de ellos. No es aconsejable un ingreso masivo de la Policía al campus, que puede producir daños a personas y bienes mayores que los que se quieren contener. Debe haber un acuerdo entre la dirección universitaria y las autoridades de Policía para garantizar el cumplimiento de la ley ante disturbios generados por una minoría, en caso de que se refugien en el interior del campus, bajo el criterio de la seguridad de los miembros de la numerosa comunidad universitaria”.
Sobre la autonomía universitaria, el rector indicó que es “la capacidad de las universidades de darse sus reglamentos, sus directivas, sus programas académicos y su manejo presupuestal. Básicamente es la independencia de la academia ante al poder político. La independencia crítica y el derecho a la protesta pacífica son de su esencia. Los disturbios, las agresiones a la ciudadanía y la destrucción de bienes públicos no pueden jamás ampararse detrás de esos principios”.
Finalmente, sostuvo que, a través de los años, ha habido ingresos de la Policía al campus de Univalle autorizados por el Consejo Superior: “Excepcionalmente ha habido ingresos al calor de los disturbios con graves consecuencias institucionales que confiamos que no se repitan”.