La contratación pública, el papel de las pequeñas y medianas empresas en los procesos del Gobierno Distrital, los controles para evitar irregularidades y las respuestas a cuestionamientos recientes marcan el eje de este diálogo con Amanda Catalina Rojas, directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública de Cali.
¿Cuál fue el principal objetivo que le encargó el alcalde al designarla en ese cargo?
Trabajar bien y hacer las cosas bien por Cali. Si queremos que Cali sea referente a nivel internacional, debemos hacer las cosas bien. Hoy el Estado tiene unas herramientas que garantizan la transparencia y que tenemos que respetar. Me dijo que había que tratar a nuestra ciudad como trataríamos a nuestra familia, y esa será mi premisa.
Explíquele a los lectores la importancia de la cartera que usted dirige...
La contratación pública es el motor del Estado y el Estado no funcionaría si nosotros no contáramos con esa herramienta para poder atender las diferentes necesidades de la ciudadanía.
Este Departamento es un ente transversal, porque emitimos lineamientos en materia de contratación pública y hacemos un acompañamiento a todos los organismos del Distrito para decirles cuáles son esas formas en que se debe adelantar la contratación.
Además, estamos completamente dispuestos a hacer ese acompañamiento a los organismos que levanten la mano y digan que necesitan ayuda.
¿Qué otro frente deben atender?
También estamos muy pendientes de todo lo que se tiene que atender en materia jurídica para adelantar, en debida forma, la contratación pública. Sin embargo, el Departamento no se queda en la emisión de sus lineamientos y también hace un acompañamiento a la ciudadanía a través de la Subdirección de Gestión del Conocimiento para tener una ruta de atención al proveedor, con el fin de que todos aquellos empresarios o personas naturales que quieran entrar a trabajar con el Estado puedan levantar la mano y pedir una cita y nosotros hacemos un acompañamiento.
¿En qué consiste ese acompañamiento?
Les mostramos cómo se hace el registro en el Secop y les explicamos cómo pueden revisar los procesos que nosotros hoy tenemos programados en el Distrito de Santiago de Cali y cómo pueden entrar a participar en los diferentes procesos de contratación que tengamos.
Estamos muy interesados en que las pequeñas y las medianas empresas de la ciudad inicien a participar en los procesos de contratación del Distrito.
De todas las compras que nosotros tenemos programadas en el Distrito, 554 son procesos competitivos y de esos el 57 % puede ser programado a medianas y pequeñas empresas.
¿Qué iniciativas están adelantando para evitar irregularidades en los procesos de contratación en Cali?
En nuestra ciudad tenemos un decreto que establece que todos los procesos que superan los tres mil salarios mínimos legales mensuales vigentes deben pasar por una revisión del Departamento Administrativo de Contratación Pública.
Allí nosotros revisamos que estén bien en materia contractual y que se estén acogiendo a todos los lineamientos que se han dado en materia de contratación.
Aquellos procesos a los que hay que hacerles observaciones se les hace, ya que hay un equipo interdisciplinario para cada proceso de contratación, como abogados y expertos en materia financiera.
¿Qué pasa cuando se debe detener el proceso por alguna irregularidad?
Pocas veces tenemos esas discusiones donde nos encontramos en un punto muerto y eso realmente hasta el momento no nos ha sucedido.
Es importante recalcar la recepción que tienen los organismos frente a los lineamientos en contratación.
Una de las críticas más fuertes a la anterior directora era que en la Alcaldía se estaban haciendo contratos a 15 y 30 días. ¿Esto se sigue haciendo?
En materia de contratación no existe una limitación frente al tiempo en que yo voy a establecer la necesidad. La contratación pública obedece a las necesidades presentadas por cada organismo.
No existe limitante en la ley que me diga que los contratos deben ser a uno, dos o tres años. Todo depende de la estructuración del proceso contractual en cada organismo.
¿Pero sigue ocurriendo?
En las estadísticas que estuvimos viendo el año pasado pudimos encontrar contratos que duraban entre 15 y 20 días. Eso depende de muchas dinámicas administrativas, como la necesidad del organismo o la disponibilidad presupuestal.
Otra crítica que se hizo el año pasado a esta cartera era que había personas contratadas desde Bogotá. ¿Eso ha seguido ocurriendo?
La pandemia del covid-19 nos enseñó que podíamos adelantar nuestras tareas desde cualquier lugar del mundo. Entonces, hoy la normativa establece que en la contratación pública no existe una limitante que me diga que yo no puedo contratar a una persona que está prestando los servicios profesionales desde Medellín, Bogotá o Barranquilla.
Si yo encuentro un profesional que tiene características, experiencia e idoneidad, pero que vive en otro municipio, no existe nada en la norma que me impida contratarlo. Desde el Distrito, lo que estamos haciendo es verificando esas idoneidades, experiencias y el cumplimiento de sus funciones.
¿No es paradójico que se esté intentando dar empleo en Cali y se contraten personas en otras ciudades?
Nos centramos en la necesidad que se establece en cada organismo y una vez yo identifico qué es lo que necesito contratar, inmediatamente empiezo a hacer la depuración en los filtros sobre cuál es la experiencia e idoneidad del profesional que tengo que contratar o el que necesito para desarrollar las actividades.
También verifico cuál es la disponibilidad de su tiempo. Paradójico sería que yo estuviera contratando el cien por ciento del personal en otros municipios diferentes a Cali.
Sin embargo, hoy tenemos 13.400 contratistas en Cali.
El año pasado hubo denuncias de que trabajadores de la Alcaldía estaban pagando coimas de hasta el 30 % del salario para poder trabajar. ¿Sabe usted algo al respecto?
El año pasado hubo denuncias que fueron atendidas en ese momento por la anterior directora. Ella presentó todo ante la Fiscalía y estamos atentos a las investigaciones y de cualquier información adicional que se tenga que presentar, no solo ante la Fiscalía, la Personería o la Procuraduría, sino ante cualquier ente de control que necesite alguna información adicional por parte del Departamento.
¿Qué avances se han presentado en esas investigaciones?
No hemos tenido ninguna información ni requerimiento adicional por parte de los entes de control y tampoco por ninguno de los denunciantes. No tengo conocimiento de los contratistas que informaron o argumentaron estar siendo objeto de estos cobros. Yo a mi equipo le dije: en el Departamento Administrativo de Contratación Pública nadie tiene que cobrarle a nadie un solo peso por nada.